El 12 de mayo, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y gremios docentes se movilizan para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La situación de los hospitales dependientes de universidades nacionales, sin fondos operativos desde enero, agudizó la disputa con el Gobierno.
Este martes 12 de mayo del 2026, las universidades públicas argentinas vuelven a las calles. La cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei concentrará su acto central en Plaza de Mayo a partir de las 17 horas, con movilizaciones simultáneas en ciudades de todo el país.
El reclamo central no ha cambiado desde 2024: que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Lo que sí cambió es la urgencia: esta vez, el conflicto incorpora un componente sanitario que amplía su alcance social y complica aún más la posición del Gobierno.
La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). La CGT y las dos CTA confirmaron su adhesión. Partidos políticos de la oposición marcharán por Diagonal Sur; los gremios docentes ingresarán por Diagonal Norte. La organización es amplia, transversal y, según los propios convocantes, apuesta a superar la masividad de la movilización del 23 de abril de 2024, que reunió entre 430.000 y 800.000 personas solo en la Ciudad de Buenos Aires.
El detonante: hospitales sin fondos
En las semanas previas a esta marcha, la UBA encendió una alarma que escaló el conflicto a otro plano. Según denunció el vicerrector Emiliano Yacobitti, el Gobierno nacional no transfirió durante todo 2026 los fondos específicamente asignados al funcionamiento operativo de los hospitales universitarios. La partida en cuestión, fijada en casi 80.000 millones de pesos en el Presupuesto 2026, estaba destinada a los centros asistenciales que dependen de universidades nacionales en todo el país: entre los más afectados se encuentran el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari y el Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, todos bajo la órbita de la UBA, además de centros universitarios de Córdoba, Cuyo y La Rioja.
Las consecuencias concretas ya son visibles. Según datos aportados por las propias autoridades universitarias, de los 16 quirófanos disponibles en el Hospital de Clínicas, solo seis permanecen operativos. En el Hospital Lanari, la falta de insumos compromete procedimientos vinculados con trasplantes. El director del Instituto Roffo, del Águila, advirtió que si los fondos no llegan en las próximas semanas, la reducción de cirugías oncológicas será inevitable. En total, los hospitales universitarios atienden más de 700.000 personas por año, lo que convierte la crisis presupuestaria en un problema sanitario de escala significativa.
La respuesta oficial
El Gobierno rechazó las acusaciones. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que las transferencias mensuales están al día y que la partida específica para hospitales no fue distribuida porque el Ejecutivo «está evaluando los criterios para una distribución eficiente entre todas las universidades con centros asistenciales». La respuesta oficial confirmó, en rigor, que los fondos no fueron girados, aunque atribuyó la demora a razones administrativas y no a una decisión política de recorte.
El vocero presidencial Manuel Adorni fue más directo en el tono, pidió «sensatez y sentido común» de cara a la marcha y acusó a la UBA de pretender apropiarse del 94,5% de los fondos totales destinados al conjunto de los hospitales universitarios del país. El jefe de Gabinete, por su parte, volvió a sostener que la Ley de Financiamiento Universitario «nació suspendida en su ejecución» hasta que el Congreso defina fuentes de financiamiento concretas, argumento que el Ejecutivo reitera desde octubre de 2025 pese a los fallos judiciales que le ordenaron lo contrario.
Un conflicto con historia judicial y legislativa
El trasfondo legal del reclamo es tan relevante como la propia movilización. La Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 fue aprobada en octubre de 2025 por más de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, luego de que el veto presidencial de Milei fuera revertido por la Legislatura. Desde entonces, el Ejecutivo desplegó una serie de maniobras para postergar su aplicación: suspendió la ley por decreto, intentó derogarla mediante un artículo del Presupuesto 2026 (sin éxito), y presentó un proyecto alternativo que modifica puntos centrales de la norma vigente, el cual tampoco avanzó en el Parlamento.
En el plano judicial, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó a fines de marzo la vigencia de la ley y exigió su cumplimiento inmediato. Días antes de la marcha, sin embargo, la misma Cámara concedió un recurso extraordinario presentado por el Estado y suspendió la ejecución de la medida cautelar que ordenaba aplicar la norma. El Gobierno busca llevar el caso a la Corte Suprema. El conflicto, en síntesis, se dirime simultáneamente en la calle, en el Congreso y en los tribunales.
La cuestión salarial
Más allá de los hospitales, el conflicto salarial sigue sin resolución. La ley vigente establece un aumento del 51% para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023. El Gobierno ofrece un 12,3% en tres cuotas. Según datos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, las transferencias a universidades públicas acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que ubica a la Argentina entre los países de la región con menor presupuesto relativo para la educación superior. Los salarios docentes, según la misma fuente, se encuentran en el nivel más bajo de los últimos 23 años.
El sindicato FEDUBA alertó que el sistema universitario lleva casi 200 días sin la implementación de la ley y que desde fines de 2023 unas diez mil personas abandonaron sus puestos en el sector público universitario. Las becas estudiantiles, por su parte, permanecen congeladas.
¿Qué viene después del 12 de mayo?
La pregunta que abre esta movilización no es si la marcha será masiva (las señales indican que lo será), sino si tendrá consecuencias concretas sobre la política universitaria del Ejecutivo. Las tres marchas anteriores no lograron modificar sustancialmente la postura oficial. El Gobierno siguió resistiendo la aplicación de la ley, apelando cada fallo adverso y ofreciendo en paritarias montos que los gremios rechazaron sistemáticamente.
El factor nuevo en esta ocasión es la dimensión sanitaria. Si las restricciones operativas en los hospitales universitarios se vuelven más visibles (cancelación de cirugías, demoras en tratamientos oncológicos, reducción de prestaciones) el conflicto podría escalar más allá del ámbito educativo y generar una presión política de distinta naturaleza.
El Gobierno tiene en sus manos la llave administrativa para destrabar la situación: liberar los fondos hospitalarios no requiere que el Congreso apruebe ni que la Justicia obligue. Es una decisión de gestión. Que esa decisión no se haya tomado en los primeros cuatro meses del año es, en sí misma, una señal sobre cómo el Ejecutivo entiende este conflicto.
