El jefe de Gabinete acumula gastos y deudas por más de 700.000 dólares que no pueden explicarse con su salario público. La Justicia investiga enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, mientras el Gobierno respalda al funcionario y el escándalo erosiona la imagen de la gestión de Milei.
El caso que rodea a Manuel Adorni pasó en pocas semanas de ser una polémica puntual sobre un viaje no autorizado a convertirse en una causa judicial de múltiples frentes que pone a prueba uno de los ejes centrales del discurso de La Libertad Avanza: la promesa de terminar con la corrupción de la “casta».
El jefe de Gabinete está investigado por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y, en forma más reciente, por la posible existencia de sobresueldos en el Ejecutivo nacional. Hasta el momento, Javier Milei lo mantiene en el cargo.
El detonante y su expansión
El escándalo tuvo su origen público el 8 de marzo, cuando se difundieron imágenes de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, viajando junto a la comitiva oficial a Nueva York, en el marco del traslado presidencial al cementerio del rabino Rebbe de Lubavitch. El propio Adorni reconoció que el viaje de Angeletti en la aeronave oficial no correspondía, en contradicción con la prohibición que el propio Milei había establecido para el uso de aviones del Estado por parte de particulares.
Lo que empezó como una irregularidad administrativa se fue ampliando con cada semana que pasó. Las investigaciones periodísticas y judiciales fueron revelando un conjunto de gastos e inversiones que contrastan notoriamente con los ingresos declarados por el funcionario. Adorni, que desde diciembre de 2023 ocupó el cargo de vocero presidencial y desde octubre de 2025 es jefe de Gabinete, percibe un salario en torno a los 5.000 dólares mensuales, según surge de su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Los números que no cierran
La investigación a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo reconstruyó, a partir de testimonios y documentación bancaria, un mapa de erogaciones difícil de conciliar con esos ingresos. El contratista Matías Tabar declaró bajo juramento en Comodoro Py que Adorni le abonó 245.000 dólares en efectivo y sin factura por la remodelación integral de su casa de fin de semana en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Las obras incluyeron cambio de pisos, renovación de cocina, remodelación de pileta con cascada y una parrilla cuyo costo individual ascendió a 13.800 dólares. Tabar además entregó su teléfono celular a la Justicia por haber borrado mensajes intercambiados con el funcionario, lo que motivó su peritaje para recuperar la información.
A eso se suma la compra de un departamento en Caballito, escriturado por 230.000 dólares pero con un supuesto pago adicional de 65.000 dólares «por afuera» de la escritura, según declararon ante la Fiscalía dos empresarios inmobiliarios vinculados a la operación. La vivienda fue adquirida el mismo día en que Adorni recibió un préstamo de 100.000 dólares de dos mujeres policías, gestionado a través de su escribana, y del cual aún adeuda más de 70.000 dólares. También tiene una deuda de 200.000 dólares con las prestamistas, con vencimiento antes de noviembre de este año.
En materia de viajes, la causa tiene registrados 18 desplazamientos del matrimonio por el país y el exterior. Entre los gastos verificados figuran 8.900 dólares en hospedaje en Aruba para recibir el Año Nuevo de 2025, 5.762 dólares en el pasaje de regreso de Angeletti desde Nueva York y una estadía de cinco noches en el Hotel Llao Llao de Bariloche, cuyo costo el funcionario no habría abonado de manera inmediata. En conjunto, según reconstruyó Infobae a partir de fuentes judiciales, Adorni acumula gastos y deudas por más de 725.000 dólares en menos de dos años y medio de gestión.
A esto se agregó que la Justicia detectó movimientos de fondos a través de plataformas de criptomonedas. Más de 20 exchanges, entre ellos Binance, Ripio y Lemon, recibieron oficios judiciales para aportar registros de transacciones vinculadas al funcionario, su esposa y las sociedades que ambos integran. La fiscalía evalúa si esas operaciones con activos digitales (entre ellos BTC, ETH y USDT) forman parte del circuito de fondos que la Justicia busca rastrear.
La hipótesis de los sobresueldos
La pregunta que atraviesa todo el debate es cómo se pagaron esos gastos. En ese contexto, el abogado Gregorio Dalbón presentó ante la Justicia un pedido para ampliar la causa e investigar la posible existencia de sobresueldos dentro del Poder Ejecutivo. La sospecha se apoya en un dato concreto: Milei congeló las dietas del gabinete hasta diciembre de 2025, período durante el cual los ministros y altos funcionarios habrían percibido ingresos inferiores a los del ejercicio anterior, con alta inflación de por medio. La hipótesis es que, para compensar esa pérdida, algunos funcionarios podrían haber recibido dinero por fuera de sus haberes formales.
El antecedente histórico existe: a mediados de la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, un sistema similar de sobresueldos derivó en condenas judiciales que alcanzaron al ex presidente. La sola mención de ese precedente instala en el debate público una dimensión que excede la situación personal de Adorni.
En la conferencia de prensa del 8 de mayo, periodistas presentes en Casa Rosada preguntaron directamente a Adorni y a dos ministros si cobran o cobraron sobresueldos durante la gestión. Ninguno de los tres respondió la pregunta. Adorni intervino para declarar «agenda cerrada» y dar por terminado el intercambio, argumentando la relevancia del tema. El silencio fue leído por buena parte de la cobertura mediática como una no-respuesta elocuente.
La posición del Gobierno y las grietas internas
Milei eligió el respaldo explícito. En reunión de gabinete, según reconstruyeron La Nación y Crónica a partir de fuentes oficiales, el Presidente habría dicho frente a sus ministros: «Prefiero perder la elección a echar a una persona honesta». Desde Jefatura de Gabinete, comunicaron que Adorni expuso su «plan de gestión 2026-2027», señal interpretada como ratificación de su continuidad. Milei también declaró en una entrevista televisiva que los números de su jefe de Gabinete «están en orden» y que la documentación será presentada a la Justicia en los próximos días.
Sin embargo, no todos en el oficialismo comparten la estrategia. La senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y aliada histórica del espacio, fue la primera voz pública relevante en marcar distancia. Pidió que Adorni presente «de inmediato» su declaración jurada «para no empantanar la gestión». La declaración fue leída dentro del Gobierno como un gesto de insubordinación respecto de la conducción de Karina Milei, quien coordina la estrategia política del espacio. En reserva, varios funcionarios consideran que Adorni debería dar un paso al costado. «No hay líneas discursivas. ¿Qué vas a decir si él no tiene respuestas?», habría preguntado un integrante del esquema oficialista a sus pares, según fuentes citadas por La Nación.
La estrategia pública de Adorni combina apelación al proceso judicial y silencio sobre el fondo. «Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados», repitió en distintas conferencias. «Como hay una investigación judicial en curso, no voy a responder sobre aspectos específicos porque no me lo permite la investigación», sostuvo también. La posición tiene una inconsistencia lógica: la existencia de una investigación judicial en curso no impide hablar; lo impide cuando lo que se dice podría comprometer la defensa. Ante la ausencia de explicaciones alternativas, la hipótesis de la imposibilidad argumentativa gana espacio.
El impacto en la imagen del Gobierno
El caso tiene consecuencias medibles sobre la percepción pública de la gestión. Un estudio de la consultora Trespuntozero y Alaska reveló que el 65,3% de los ciudadanos tiene una valoración negativa del Gobierno. Más significativo aún: la corrupción fue señalada como el principal problema del país por el 38,5% de los encuestados, diez puntos porcentuales más que en enero de 2026. El salto coincide temporalmente con la escalada del caso Adorni.
El dato es políticamente relevante porque la corrupción era, hasta hace pocos meses, una bandera casi exclusiva del oficialismo. El kirchnerismo venía cargando causas judiciales propias. La administración Milei había construido parte de su legitimidad sobre la idea de que el «ajuste» era honesto, que el dinero ahorrado no se desviaba. El caso Adorni no solo daña la imagen del funcionario: pone en discusión esa narrativa central.
Qué sigue
La causa avanza en Comodoro Py con la recopilación de información de billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dependiente de la Procuración General, fue convocada para hacer las «sumas y restas» del patrimonio del funcionario, sus ingresos declarados y sus erogaciones verificadas. Ese peritaje contable será, probablemente, el elemento más determinante para definir si la causa avanza hacia una imputación formal.
Adorni prometió presentar su declaración jurada actualizada (que puede hacerse hasta el 31 de julio) como el instrumento que permitirá «clarificar» su situación. Desde el entorno del funcionario, sin embargo, se aclaró que la presentación no será inminente. Mientras tanto, la brecha entre lo que el jefe de Gabinete gasta y lo que declara ganar continúa siendo el núcleo de un escándalo que, en términos de imagen y de discurso, le resulta más costoso al Gobierno que cualquier medida de ajuste que haya tomado hasta ahora.