Veto a la ley de emergencia, recorte de pensiones, un escándalo de sobreprecios en la ANDIS y un nuevo proyecto que endurece controles configuran un escenario sin precedentes para más de un millón de beneficiarios.
El gobierno de Javier Milei lleva 17 meses sosteniendo que la política de discapacidad del Estado argentino era, ante todo, un «curro». Esa narrativa, instalada a mediados de 2024 por el vocero Manuel Adorni con una radiografía de un perro en mano, fue la coartada discursiva para una serie de medidas en donde recortaron prestaciones, suspendieron pensiones, vetaron legislación aprobada por el Congreso y desmantelaron el organismo rector del área. El resultado acumulado, según datos oficiales, organizaciones del sector y resoluciones judiciales, es el deterioro más pronunciado del sistema de discapacidad en los últimos años.
El veto que el Congreso revirtió y el gobierno igualmente no cumplió
La secuencia legislativa en torno a la discapacidad sintetiza buena parte del conflicto institucional de la gestión libertaria. El 10 de junio de 2024, el Senado aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), que declaraba la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027 y obligaba al Estado a regularizar deudas con prestadores, actualizar aranceles y garantizar el financiamiento de las pensiones no contributivas. El 4 de agosto, el presidente la vetó en su totalidad mediante el Decreto 534/2025, invocando el equilibrio fiscal como argumento central.
El Congreso insistió con mayoría de dos tercios en ambas cámaras y dejó sin efecto el veto. Milei debió promulgar la ley, pero lo hizo mediante el Decreto 681/2025, que la publicó en el Boletín Oficial y simultáneamente suspendió su aplicación hasta que el Congreso determinara las partidas presupuestarias que la financiarían. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez calificó ese decreto de «nulo de nulidad absoluta e insanable». La ley promulgada pero inaplicada sigue siendo injustamente letra muerta.
Menos pensionados y aranceles licuados
El impacto concreto sobre los beneficiarios es mesurable. Según el proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso, la cantidad de pensiones por invalidez administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pasará de 1.133.549 a 977.943, una reducción de más de 155.000 beneficiarios explicada oficialmente como resultado de las auditorías en curso. La partida total destinada al rubro, pese a las promesas presidenciales de un aumento del 5% real, también se recorta en términos absolutos según el texto del proyecto.
El deterioro no se limita a las pensiones. Los aranceles que el Estado paga a los prestadores de servicios (centros terapéuticos, hogares, centros de día) acumularon aumentos muy por debajo de la inflación. Según reconocieron las propias autoridades del área ante Infobae, en 2023 los aumentos a prestadores alcanzaron el 82,5% mientras la inflación fue del 211,4%. En 2024, los incrementos llegaron al 99,11% frente a una suba de precios del 107%. En el último trimestre de ese año, los aumentos fueron del 1%, el 0,8% y el 0,5%.
Ese rezago tarifario amenaza la viabilidad de los 180 hogares para personas con discapacidad que existen en el país, donde viven alrededor de nueve mil personas, muchas de ellas sin red familiar. «La venimos paleando con deuda. En mi caso, debo a tres bancos, más los impuestos y estoy preparando el preventivo de crisis. No da para más», relató Sergio Rzonsinski, gerente del Instituto Convivir de la Ciudad de Buenos Aires, en declaraciones a El Destape. Organizaciones del sector denuncian que la falta de actualización de aranceles derivó en reducción de terapias, demoras en infraestructura e imposibilidad de pagar el aguinaldo en término.
La ANDIS y el escándalo de sobreprecios
Mientras el gobierno recortaba prestaciones en nombre de la transparencia y la lucha contra el fraude, el organismo encargado de administrar el sistema (la ANDIS) se convirtió en el epicentro de una causa judicial por corrupción. En agosto de 2025, la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces director ejecutivo del organismo y ex abogado personal de Milei, encendió la mecha. En las grabaciones, una voz identificada como la de Spagnuolo describía un esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos a través de la droguería Suizo Argentina, del que un 3% habría ido destinado a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. También mencionaba a Eduardo «Lule» Menem como parte del circuito.
Spagnuolo renunció el 25 de agosto. La justicia federal, a cargo del juez Sebastián Casanello, ordenó 15 allanamientos y secuestró 240.000 dólares en efectivo en un vehículo vinculado al ex funcionario. El fiscal Franco Picardi, en un dictamen de 276 páginas, sostuvo que en la ANDIS funcionó «una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad». Según la hipótesis de la fiscalía, el organismo habría operado como «una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados» a un grupo reducido de empresas proveedoras, con sobreprecios y fuera del marco legal de contratación pública.
Spagnuolo, junto a su mano derecha Daniel Garbellini y dos operadores vinculados al sector farmacéutico, fue procesado. Karina Milei no está formalmente imputada; el gobierno la desvincula del caso y califica a Spagnuolo de «mitómano». La causa judicial continúa abierta. El 30 de diciembre de 2025, el Ejecutivo disolvió la ANDIS por decreto.
El nuevo proyecto
En abril de 2026, en medio de la crisis política generada por el escándalo judicial y a pesar de los fallos que ordenaban aplicar la Ley de Emergencia, el gobierno envió al Senado un nuevo proyecto de ley titulado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez». El texto, firmado por Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, modifica en forma sustancial el régimen vigente.
Los cambios más significativos incluyen: la obligación de que todos los titulares de pensiones (alrededor de 1,2 millones de personas) se reempadronen acreditando su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales en un plazo de 90 días prorrogables; la suspensión automática del beneficio para quienes no cumplan el trámite y la eventual baja definitiva pasados 60 días adicionales. El proyecto también retrocede en la definición de beneficiario: en lugar del criterio amplio basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD), vuelve al concepto de «invalidez laboral», lo que excluiría a quienes tienen discapacidad pero mantienen alguna inserción laboral parcial. Además, elimina el nomenclador nacional que fijaba pisos mínimos para los aranceles de prestadores, deroga cinco artículos clave de la Ley de Emergencia y suprime la actualización trimestral automática de las pensiones por IPC.
El Foro Permanente por las Personas con Discapacidad y múltiples organizaciones rechazaron el proyecto de forma inmediata, calificándolo como «la mayor arremetida contra la universalidad del sistema desde que asumió Milei». Familiares de personas con discapacidad presentaron denuncias penales contra el presidente y funcionarios por incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona.
Una paradoja estructural
El argumento oficial central es que el sistema creció de forma descontrolada: de 75.000 pensiones en 2003 a 1,2 millones en 2023. Sin embargo, analistas y académicos señalan que ese crecimiento responde a una ampliación de los criterios de certificación (en parte impulsada por recomendaciones del Comité de la ONU sobre la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad) y no a una anomalía fraudulenta generalizada. Según datos oficiales de la propia ANDIS citados en el segundo informe de gestión de la Jefatura de Gabinete, a marzo de 2025 había 1.900.061 personas con Certificado Único de Discapacidad vigente en el país, sobre un universo estimado de cinco millones de personas con algún tipo de discapacidad. La cobertura dista de ser excesiva.
La pensión no contributiva que perciben los beneficiarios equivalía en abril de 2026 a $266.000 más un bono de $70.000, es decir: $336.000 mensuales. Este es un monto que se ubica por debajo de la canasta básica alimentaria, que mide la línea de indigencia.
Qué sigue
El debate legislativo sobre el nuevo proyecto promete ser tenso. Los mismos bloques de la oposición y aliados que votaron la Ley de Emergencia difícilmente acompañen un texto que la desmonta. El antecedente reciente, cuando el debate por discapacidad, junto con el presupuesto universitario, unificó a la oposición y le costó al oficialismo un capítulo entero del Presupuesto 2026, no es alentador para el gobierno.
Mientras tanto, la causa ANDIS sigue sumando declaraciones y pruebas, y los 1,2 millones de beneficiarios deben enfrentar, simultáneamente, la incertidumbre de un nuevo reempadronamiento y una cobertura de prestaciones que no alcanza para cubrir sus necesidades reales.