El Ministerio Público formalizó su acusación contra el candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, presidente del partido Juntos por el Perú (JP), al presentar 164 elementos de convicción que, según la fiscalía, demuestran que el exministro habría declarado información falsa sobre los aportes de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre 2018 y 2020. El Poder Judicial analizará el caso el próximo 27 de mayo.
El fiscal Humberto Ruiz, del segundo despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, solicita una pena de 5 años y 4 meses de prisión por los presuntos delitos de falseamiento de información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio de la ONPE. La información fue revelada originalmente por El Comercio.
Sánchez Palomino y sus coacusados enfrentan el proceso bajo comparecencia simple, medida que no fue modificada tras la presentación de la nueva acusación.
Los aportes que habrían sido ocultados
Según la fiscalía, Sánchez Palomino, en su condición de máxima autoridad del partido, fue el responsable de reportar los ingresos y egresos de campaña ante la ONPE durante el período investigado. En los documentos presentados, el partido declaró haber tenido ingresos y egresos de «cero» en 2018.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que ese año sí ingresaron S/204,951.36 en aportes, depositados en cuentas a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino —hermano del candidato y entonces presidente del Comité Nacional Electoral de JP—, sin que dicho monto fuera reportado ante el organismo electoral. Como prueba de estas transferencias, la fiscalía adjuntó ocho vouchers bancarios de cuentas en el BCP.
Una situación similar se habría repetido en la información financiera anual de 2019 y 2020, así como en las declaraciones correspondientes a las Elecciones Congresales de 2020. En ese período, la fiscalía detectó ingresos adicionales a una cuenta mancomunada de dos coacusados por S/75,000, además de un aporte en bienes que, según el Ministerio Público, fue negado por el presunto aportante.
William Sánchez Palomino fue excluido del proceso en 2025, luego de que la Sala Superior declaró fundado su recurso de excepción de improcedencia de acción, al determinar que los hechos que se le imputaban —la recepción de los aportes— no constituían el delito atribuido.
Los testimonios que sustentan la acusación
Entre los 164 elementos de convicción presentados destacan varias declaraciones que, según la fiscalía, acreditan que sí existieron aportes internos que debieron ser informados a la ONPE.
Raúl del Castillo, coacusado y ex secretario general de JP, reconoció que en 2018 los militantes y candidatos realizaron aportes para financiar los procesos electorales, dado que el partido no contaba con financiamiento externo en ese momento.
Juan Silva, personero legal del partido desde 2019, confirmó que al interior de JP «eventualmente se realizan aportes voluntarios» y precisó que era el Comité Electoral Nacional —presidido entonces por William Sánchez Palomino— el órgano encargado de custodiar esa información.
En la misma línea, Francisco José Espinoza Llanos, candidato al Consejo Regional del Callao por JP en 2018, declaró haber abonado entre S/200 y S/300 para su precandidatura, por instrucciones del Comité Electoral Nacional.
El testimonio más contundente lo aportó el ex presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon, quien confirmó la existencia de cuotas para precandidatos: «Había cuotas para precandidatos, se fijaron montos para los que querían postular (…) dinero que debía ingresar a la cuenta del partido Juntos por el Perú», declaró. Simon sería convocado como testigo en caso de que el proceso llegue a juicio oral.
La defensa de Sánchez Palomino
El candidato presidencial negó los cargos en sus descargos ante la fiscalía. Sostuvo que en 2018 no existió cobro de tasas a los postulantes, que su hermano William no fue tesorero del partido y que el dinero transferido al Comité Electoral correspondía a fondos con autonomía propia, que no requerían ser reportados a la ONPE.
En declaraciones recientes a la prensa, Sánchez Palomino rechazó haberse apropiado de fondos del partido —señalando que ese extremo fue archivado por el Poder Judicial— y minimizó los cargos vigentes: «Se mantiene ahora una acusación como que yo he dado una falsa declaración, es un delito menor, que yo rechazo igual, porque como representante legal del partido, es el representante legal que por ley tiene que suscribir y correr traslado a la ONPE», sostuvo.