La reestructuración de Petroperú enfrenta una nueva crisis. En paralelo al debate por el decreto de urgencia que busca garantizar un financiamiento de US$ 2,000 millones con aval del Estado, y a los avances del proceso encargado a ProInversión mediante el Decreto de Urgencia 010-2025, han emergido dos focos de tensión que alarman a actores clave del sector: una rotación masiva en la cúpula gerencial y una denuncia formal por hostilización laboral.
Cambios en doce gerencias en menos de una semana
A través del acuerdo de directorio N° 032-2026-PP del 1 de mayo, el Directorio aprobó modificaciones en cuatro gerencias. Seis días después, mediante los acuerdos N° 034-2026-PP y N° 037-2026-PP del 7 de mayo, se sumaron ajustes en el puesto de secretario general encargado y en otras ocho gerencias adicionales. En total, doce posiciones clave fueron intervenidas en menos de una semana.
El trasfondo político es relevante: estos movimientos se producen bajo la conducción de Edmundo Lizarzaburu, designado presidente de Petroperú tras la salida de Roger Arévalo el 3 de mayo, pedida expresamente por el presidente José María Balcázar como condición para viabilizar el financiamiento con garantía del Estado.
Fuentes del sector consultadas por este diario advierten que varios de los funcionarios que retornan a cargos gerenciales fueron precisamente removidos durante la gestión de Rita López como gerenta general. «Cuando López conducía la empresa no estaban Luis del Águila ni Ernesto Gamarra. Todos los demás sí fueron removidos durante su gestión y ahora están retornando. Con ello, se podría frenar la reestructuración», señaló una de las fuentes.
López denuncia hostilización ante Sunafil
Rita López, quien como gerenta general alertó públicamente sobre la falta de respaldo interno al proceso de reestructuración, presentó una comunicación formal de denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por actos de hostilización laboral dirigida al actual gerente general, Gustavo Villa Mora.
La denuncia, según pudo conocer este diario, se sustenta en tres ejes: la reducción injustificada de su categoría laboral tras dejar el cargo; la negativa a atender su solicitud de financiamiento para defensa legal, presentada el 18 de marzo; y el requerimiento unilateral de retorno al trabajo presencial sin respetar el procedimiento establecido en la Ley N° 31572 de Teletrabajo.
«Lo responsabilizo por cualquier acto, medida o represalia que pudiera adoptarse en mi contra con posterioridad a la fecha de la presente comunicación», se lee en la carta enviada el 8 de mayo, a la que tuvo acceso este medio.
Fuentes cercanas al caso informaron además que existiría una carta de predespido en preparación, que otorgaría a López seis días para presentar sus descargos antes de oficializar su salida. El sustento de la empresa para separarla del cargo sería que asistió a una reunión ministerial mientras gozaba de descanso médico, y que optó por suspender —en lugar de despedir— a trabajadores cuestionados por la Contraloría General de la República. Sobre este último punto, López habría contado con respaldo legal para adoptar esa decisión.