El Ministerio Público solicitó 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad contra Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), por presuntamente haber declarado información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre los aportes de su partido político entre 2018 y 2020. Los cargos —falseamiento de información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo— se imputan en concurso real. El presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas fue archivado el año pasado por una Sala Superior.
La acusación fiscal, a la que accedió este medio, también incluye un pedido de inhabilitación definitiva para que Sánchez Palomino no pueda continuar ejerciendo la presidencia de Juntos por el Perú. Los fiscales sostienen que el partido presentó reportes ante la ONPE indicando que no había recibido aportes partidarios, cuando en realidad habrían ingresado más de S/200,000 a una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, hermano del candidato y entonces presidente del Comité Nacional Electoral del partido.
El fiscal Humberto Ruiz, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Lima, le atribuye a Sánchez Palomino los dos presuntos delitos en agravio de la ONPE.
Los montos en cuestión
Según la acusación, Juntos por el Perú declaró aportes e ingresos por S/0.00 en su información financiera correspondiente a 2018, pese a que se habría verificado la existencia de una cuenta en el Banco de Crédito del Perú abierta a nombre de William Sánchez Palomino, en la que se registraron movimientos por S/204,951.36 que debieron ser reportados oportunamente ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.
Para el ejercicio 2019, el partido también habría declarado cero ingresos, mientras que una cuenta bancaria mancomunada —abierta a pedido del Comité Electoral Nacional— habría recibido depósitos por S/75,750.00. Y en el reporte financiero de 2020, el candidato presidencial habría declarado un aporte en especie por el uso de un local partidario valorado en S/27,400.00, pero el supuesto aportante, Edwin Espinoza Chávez, negó ante la ONPE haber realizado contribución alguna ese año.
La defensa niega responsabilidad penal
Carlos García Asenjo, abogado de Roberto Sánchez, indicó que la fiscalía no logró acreditar que su defendido hubiera destinado los aportes a gastos personales, y recordó que el Poder Judicial ya archivó el extremo referido al presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Agregó que Sánchez Palomino únicamente firmó los documentos financieros en su calidad de presidente del partido, sin haber elaborado los reportes, tarea que correspondía a los contadores de la organización.
«Él solo firmó el documento, no elaboró los reportes financieros», sostuvo García Asenjo.
Por su parte, el propio Sánchez Palomino argumentó ante la fiscalía que los fondos recaudados correspondían a actividades del Comité Electoral —un órgano que, según él, actúa de manera autónoma— y que, por tanto, no debían ser considerados fondos partidarios sujetos a la regulación de la ONPE.
El proceso judicial y los plazos de prescripción
El 27 de mayo, el Juzgado de Investigación Preparatoria revisará el requerimiento acusatorio presentado por la fiscalía en enero de 2026, luego de que una Sala Superior archivara algunos delitos por el transcurso del tiempo y los recursos interpuestos por los imputados.
El penalista Carlos Caro advirtió que los delitos restantes no prescriben al mismo tiempo: el de falsa declaración en procedimiento administrativo podría extinguirse en enero de 2027, mientras que el de falseamiento de información sobre aportaciones —cuya pena máxima es de seis años— podría seguir siendo procesado hasta 2030, en aplicación de la denominada Ley Soto.
«El sistema tendría por lo menos hasta el 2030 para juzgar este caso», señaló Caro.
La audiencia del 27 de mayo será clave para definir si el proceso avanza a juicio oral en plena campaña electoral, con Sánchez Palomino como uno de los candidatos a la presidencia de la República.