Al hablar sobre innovación en el Perú, suele caerse en uno de dos extremos. Por un lado, celebramos cada nuevo emprendimiento como prueba de que el país está entrando en una etapa de transformación tecnológica; por otro, afirmamos que en nuestro país no se innova. Pero ¿estas posturas dicotómicas describen realmente nuestra realidad?
El país cuenta con investigadores, emprendedores, universidades y empresas que desarrollan nuevas soluciones de manera constante. No obstante, la coexistencia de estos actores no garantiza que formen parte de un sistema integrado capaz de convertir conocimiento en tecnologías, productos, servicios y empresas competitivas. Precisamente allí parece encontrarse una de las principales debilidades de la innovación peruana.
El Índice Mundial de Innovación 2025 ubica al Perú en el puesto 80 entre 139 economías, y en el octavo lugar entre los 21 países de América Latina y el Caribe evaluados. Sin embargo, el dato más revelador es la brecha: el Perú ocupa el puesto 72 en insumos para innovar, pero cae al 91 en resultados.
La brecha se repite en los ejes del índice: el Perú está en el puesto 42 en capital humano e investigación, pero retrocede al 95 en resultados de conocimiento y tecnología y al 120 en sofisticación empresarial.
Estas cifras revelan dos cuestiones fundamentales. Primero, el Perú genera menos resultados de innovación de los que cabría esperar a partir de los recursos y las condiciones disponibles. Segundo, aún enfrenta dificultades para transformar sus capacidades educativas, científicas y técnicas en empresas innovadoras capaces de competir en actividades de mayor valor agregado.
Entre una investigación y una innovación existe un camino largo y complejo. Es necesario identificar una necesidad, validar la tecnología, proteger o transferir el conocimiento, obtener financiamiento, conseguir un primer cliente y escalar la solución. Una investigación no se convierte automáticamente en innovación por haber sido publicada. Para que produzca efectos económicos o sociales, debe encontrar organizaciones capaces de aplicarla.
Uno de los puntos débiles parece ser la conexión entre universidades, centros de investigación y empresas. El Perú ocupa el puesto 112 en colaboración entre universidades y empresas para investigación y desarrollo. También aparece en el puesto 110 en desarrollo de clústeres y en el 96 en publicaciones conjuntas entre la investigación pública y la industria.
Estos indicadores sugieren que los vínculos entre los actores del sistema siguen siendo débiles. La arquitectura actual del sistema puede reducir las oportunidades para que una investigación encuentre un camino hacia una aplicación empresarial, o para que una necesidad productiva se convierta en una pregunta de investigación.
El bajo nivel de inversión también limita las posibilidades de crecimiento del país. Según la OMPI, el gasto peruano en investigación y desarrollo fue equivalente al 0,16 % del PBI en 2022. Como referencia, la OCDE sitúa el promedio de sus países alrededor del 3 % del PBI en 2022, casi 20 veces por encima del nivel peruano.
La participación empresarial es igualmente reducida. El gasto en investigación y desarrollo ejecutado por las empresas equivale aproximadamente al 0,05 % del PBI. Esto no prueba que las empresas peruanas carezcan de interés en innovar, pero sí puede reflejar dificultades para financiar proyectos costosos, inciertos y cuyos resultados pueden aparecer recién después de varios años.
Las restricciones son especialmente importantes para las empresas pequeñas. La OCDE señala que las micro, pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 99 % de las empresas y el 85 % del empleo en el Perú. Muchas operan informalmente, no tienen historial crediticio o dependen de prestamistas informales, dado que cerca de la mitad de las MIPYME no tendría acceso al crédito formal. Incluso un alto porcentaje de empresas formales enfrenta tasas elevadas, exigencias de garantías y escasas alternativas al crédito bancario.
Entonces, ¿qué podría hacerse como país para contrarrestar las limitaciones que esta dinámica impone?
No existe una fórmula única para cerrar estas brechas. Pero la experiencia de otros países ofrece referencias que el Perú debe estudiar y adaptar a su realidad, teniendo en cuenta sus capacidades y limitaciones institucionales y productivas.
La primera tarea es conectar universidades, centros de investigación y empresas. Brasil, por ejemplo, cuenta con EMBRAPII, una organización que vincula a empresas con instituciones de investigación y distribuye entre ellas los costos y riesgos de cada proyecto. Chile, por su parte, financió hubs de transferencia tecnológica orientados a convertir resultados de investigación en tecnologías, emprendimientos y soluciones aplicables al mercado.
El Estado también puede usar su poder de compra estratégicamente. Una empresa innovadora no solo necesita subvenciones o financiamiento: también necesita clientes que le permitan probar sus soluciones. Chile incorporó procedimientos de compra pública de innovación —contratos para la innovación y diálogos competitivos— que permiten al sector público plantear un problema y explorar soluciones en el mercado, en lugar de limitarse a solicitar un producto predefinido. Al ser instrumentos nuevos, todavía es pronto para considerarlos casos de éxito consolidado, pero constituyen una experiencia regional que merece seguimiento.
Conviene, además, diferenciar los instrumentos según la etapa de cada proyecto. Por ejemplo, el Consejo Europeo de Innovación dispone de programas distintos para apoyar la investigación temprana, la validación tecnológica, la preparación para el mercado y el crecimiento empresarial. En un contexto geográficamente más próximo al nuestro, Chile combina subvenciones para proyectos iniciales con garantías crediticias, además de apoyo público a fondos de capital de riesgo para empresas en desarrollo.
El Perú también podría concentrar una porción de sus esfuerzos en desafíos relacionados con sus capacidades productivas y necesidades sociales. Colombia ha desarrollado políticas de investigación e innovación orientadas por misiones en ámbitos como la bioeconomía, la salud y la transición energética. Estas iniciativas buscan coordinar instituciones, conocimiento y financiamiento alrededor de problemas nacionales concretos. No obstante, deben entenderse como políticas en desarrollo y no necesariamente como modelos cuyo éxito ya esté demostrado.
Toda política de innovación necesita medirse después. Chile ofrece una referencia interesante: su Dirección de Presupuestos ha evaluado diversos programas públicos de innovación, mostrando que se pueden incorporar evaluaciones independientes al proceso de toma de decisiones para analizar aspectos como la evolución, los resultados y el impacto generado. Este enfoque coincide con la recomendación de la OCDE de distinguir entre las actividades realizadas, los resultados obtenidos y los impactos producidos.
Ninguna de estas experiencias puede trasladarse mecánicamente al Perú. Cada una depende de determinadas capacidades institucionales, recursos y condiciones económicas. Sin embargo, todas ofrecen referencias que pueden estudiarse, probarse a pequeña escala y evaluarse antes de una aplicación más amplia. En cierto sentido, se trataría de aplicar una lógica similar a la de los conocidos productos mínimos viables del mundo corporativo.
La ventaja es que el Perú no parte de cero, pero tampoco puede conformarse con poseer algunos de los ingredientes de un sistema de innovación de forma desintegrada. El verdadero desafío consiste en conectar cada módulo del ecosistema: que una investigación con potencial encuentre una aplicación; que una tecnología viable acceda a financiamiento; que una empresa innovadora consiga un primer cliente; y que una solución eficaz tenga la oportunidad de crecer.
Innovar no es solo producir conocimiento. Es construir las condiciones para que ese conocimiento resuelva problemas, eleve la productividad y mejore la vida de las personas.
