Las reglas electorales nunca son neutrales. Lejos de constituir un simple conjunto de normas administrativas, definen los incentivos con los que compiten oficialismo y oposiciones, condicionan la formación de alianzas y moldean el comportamiento de los actores políticos. Por eso, cuando un gobierno propone modificar esas reglas, resulta indispensable analizar no sólo los argumentos que esgrime públicamente, sino también los efectos políticos que esa decisión puede producir.
En ese marco debe interpretarse la iniciativa de La Libertad Avanza para eliminar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Luego de que en 2025 el Congreso aprobara su suspensión para ese proceso electoral, el oficialismo busca ahora derogar un sistema que rige desde 2010 y reemplazarlo por un esquema donde cada fuerza política deba resolver internamente, y con sus propios recursos, la selección de sus candidatos.
Desde el Gobierno, los argumentos aparecen relativamente claros. El primero refiere al costo económico que implica organizar una elección nacional adicional. El segundo sostiene que, en la práctica, las PASO han perdido buena parte de su razón de ser, ya que muchos partidos presentan listas únicas y evitan la competencia interna. Finalmente, también suele mencionarse el creciente desinterés ciudadano hacia unas elecciones que, en numerosos distritos, terminan funcionando como una primera vuelta sin competencia real.
Sin embargo, reducir el debate a estos argumentos probablemente deje fuera la dimensión más importante de la discusión. Las PASO no sólo ordenan la competencia dentro de cada partido. También constituyen un mecanismo que facilita la construcción de coaliciones políticas. Al ofrecer una instancia institucionalizada para dirimir liderazgos sin necesidad de romper alianzas, permiten que distintos sectores compitan bajo un mismo paraguas electoral y lleguen fortalecidos a la elección general. Su eliminación modifica ese equilibrio.
Sin una primaria nacional organizada por el Estado, las fuerzas que deseen resolver democráticamente sus candidaturas deberán financiar y organizar sus propios procesos internos, ya sean abiertos o cerrados. Esto supone mayores costos económicos, logísticos y organizativos, particularmente para aquellos espacios que reúnen múltiples partidos o liderazgos competitivos.
En este contexto, la eventual eliminación de las PASO tendría un efecto especialmente relevante sobre la oposición. Mientras el oficialismo cuenta hoy con un liderazgo claramente consolidado, buena parte de los espacios opositores atraviesan procesos de reconfiguración interna. Gobernadores, intendentes, dirigentes nacionales y partidos aliados deberán definir liderazgos, candidaturas y estrategias comunes sin una herramienta institucional que facilite ese proceso.
El resultado previsible es una mayor fragmentación electoral, y esa fragmentación suele favorecer a quien ocupa el gobierno. No sólo porque divide el voto opositor, sino porque dificulta la construcción de alternativas competitivas capaces de concentrar apoyos sociales amplios. En sistemas presidenciales como el argentino, donde la coordinación entre fuerzas resulta determinante para disputar el poder, la ausencia de mecanismos de articulación puede convertirse en una ventaja significativa para el oficialismo.
Existe además otro elemento que suele pasar desapercibido. Su eliminación suprime un evento capaz de alterar expectativas económicas, reconfigurar liderazgos o modificar escenarios de competencia varios meses antes de la elección general. Desde esa perspectiva, el oficialismo también elimina un potencial foco de volatilidad política que podría impactar sobre los mercados o alterar el clima económico durante el año electoral.
Para derogar definitivamente las PASO, La Libertad Avanza necesita el respaldo de bloques aliados que, en muchos casos, podrían verse perjudicados por la desaparición del sistema. Fuerzas provinciales, partidos de tamaño medio e incluso sectores que integran coaliciones opositoras encuentran en las primarias una herramienta útil para ordenar sus diferencias internas sin romper acuerdos políticos.
Por eso, la discusión trasciende el debate sobre el ahorro presupuestario o la simplificación del calendario electoral. En el fondo, lo que está en juego es el diseño mismo de la competencia política.
Toda reforma electoral produce ganadores y perdedores. Algunas fortalecen la gobernabilidad; otras favorecen la representación; otras modifican los incentivos para construir coaliciones. La eventual eliminación de las PASO parece inscribirse en esta última lógica: reducir las posibilidades de coordinación opositora y trasladar la resolución de las disputas internas al ámbito exclusivo de cada partido.
Resta saber si el Congreso acompañará esa estrategia. Pero, cualquiera sea el desenlace legislativo, el debate vuelve a poner de manifiesto una vieja enseñanza de la ciencia política: las elecciones no sólo se ganan con votos. También se disputan a través de las reglas que organizan la competencia.
