El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que endurece las medidas económicas contra la dictadura cubana, apuntando a funcionarios, civiles y empresas vinculadas al aparato de seguridad del régimen o acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. La medida incluye sanciones secundarias para quienes realicen transacciones con los afectados, según informaron dos funcionarios de la Casa Blanca a la agencia Reuters bajo condición de anonimato.
El texto de la orden acusa a la dictadura de haberse alineado con Irán y el grupo militante Hezbolá, y advierte que «Cuba ofrece un entorno propicio para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 160 kilómetros del territorio estadounidense». La declaración se produce días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, denunciara la presencia de servicios de inteligencia «enemigos» en la isla.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las acusaciones y calificó los argumentos de Washington de «débiles y falaces». «Cuba es un país pacífico que no agrede a otros, no permite que su territorio se use contra otros y tiene un historial limpio contra el terrorismo», escribió en redes sociales.
Las nuevas sanciones se suman a una serie de medidas adoptadas por la administración Trump desde inicios de año, entre ellas la suspensión de exportaciones de petróleo venezolano a Cuba —tras el derrocamiento de Nicolás Maduro— y la amenaza de aranceles a terceros países que abastezcan de combustible a la isla. Esa presión ha derivado en apagones masivos, suspensión de vuelos internacionales y serias afectaciones a servicios esenciales como salud y educación.
Trump ha declarado públicamente que «Cuba es la siguiente», sin precisar el alcance de sus planes sobre la isla.
