La Comisión Bicameral del Defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes resolvió esta semana dejar sin efecto el concurso anterior que había impulsado la candidatura de María Paz Bertero. Desde La Libertad Avanza y bloques aliados sostuvieron que el proceso había perdido vigencia parlamentaria tras el recambio legislativo y la caducidad de los plazos. La oposición, en cambio, denunció irregularidades reglamentarias y anticipó posibles presentaciones judiciales.
En ese contexto, Diario El Gobierno entrevistó a Fátima Silva, abogada especializada en derecho de familia y niñez. Se desempeña además como analista y columnista en La Nación+. En los últimos años tomó notoriedad pública por asesorar a la familia paterna de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa en 2021. Por último, Silva también participó como candidata en el concurso público para ocupar el cargo de Defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación durante 2025.
Tras la decisión de la Comisión Bicameral de dejar sin efecto el concurso anterior y abrir un nuevo procedimiento, Fátima Silva nos dio su postura técnica y anticipó a Diario El Gobierno que no se presentará ni participará en el nuevo concurso.
—Ayer se cayó el pliego de María Paz Bertero. ¿Qué lectura jurídica hace sobre esta decisión de la Bicameral?
—Desde el punto de vista jurídico, te voy a decir que fue una equivocación dar por finalizado el concurso. Es una opinión jurídica personal, no involucro a nadie más. Creo que fue un error que puede traer consecuencias no deseadas, porque la Bicameral es una institución y las instituciones tienen que ser superiores a los hombres.
Nosotros no podemos olvidarnos de que la Bicameral nació hace un tiempo atrás y tiene un trayecto. En ese trayecto hay un reglamento que dice que el concurso se cae a los 180 días. La resolución 03/2019, que modifica el reglamento de procedimiento de concurso público de antecedentes, resuelve que el plazo previsto en el artículo 19 del procedimiento será de 180 días hábiles legislativos.
Entonces, si soy una Bicameral nueva y quiero hacer otra cosa, primero tengo que modificar esta resolución con otra resolución para que sea legislativamente prolijo, porque si no después nos enojamos cuando vienen medidas cautelares y denuncias que tal vez puedan entorpecer todo el proceso.
Desde mi punto de vista, debieron haber sacado una resolución que erradicara esta con los fundamentos que ellos entendieran, porque tampoco la primera decía “corridos”, decía 180 días hábiles. Entonces cuando interpretan el artículo dicen que son hábiles y no hubo nada posterior que lo modificara.
Tampoco pueden a mitad del concurso anterior —cuando no habían corrido los 180 días hábiles— actuar dándolo de baja. Nos guste o no nos guste, no podían hacerlo. Porque si no, es lo mismo de un lado que del otro. Criticamos los modos de una forma y terminamos haciendo los mismos modos del otro lado. Entonces digo, yo esperé prolijidad de esta Bicameral, que fuera impecable.
Nosotros, los que participamos del concurso el año pasado, nos sentimos muy manoseados. Participamos 125 personas, no fuimos una, dos o tres. Ni un párrafo nos dedicaron a nosotros ayer cuando decidieron dar de baja el concurso. Dedicamos cuatro o cinco meses, cumplimos con cada etapa, con dar el examen, presentar un plan de trabajo que ahora me quedó público; si mañana me lo copian, me lo copian. Yo di mis mejores ideas ahí, porque recorrí el país queriendo saber qué pasaba en cada lugar.
Y ahora quieren hacer el concurso de nuevo, en estas condiciones que no son las válidas. Creo que el que llegue de esta manera no va a ser ni legítimo ni legal.
No me voy a presentar como candidata a Defensora, porque no puedo avalar lo que entiendo que está trunco de movida. Es ilegítimo e ilegal para mí.
Lamentable, me parece que se equivocaron en el proceso. No soy la que más sabe ni la que tiene la verdad, pero estos documentos hablan por sí mismos. La resolución 03/2019 no se revocó. Así que los días son hábiles, no corridos, y vencen en septiembre. La dieron de baja antes de tiempo y es correcto que sean días legislativos. La chicana no es el camino para resolver esta cuestión.
—Desde una mirada política, ¿Cómo lo analiza?
—Quiero que sepas que no soy política y no hago política. En realidad, mi análisis es más social-político que otra cosa desde mi lugar de trabajo. Entiendo que desde la política hayan querido encontrar hasta el último hueco para bajar esta terna. Yo también quería que se bajara esta terna, no quería a Paz Bertero ahí, no la conozco personalmente y esto no es una cuestión personal, es una cuestión funcional. Entiendo que su mirada de la niñez no es la mirada que yo, por lo menos, voy a hablar solo por mí, no por el resto, pretendía que viniera después del período de Marisa Graham.
Si lo miro desde lo político, coincido en lo que quería. No coincido en la parte jurídica en cómo lo hicieron. Entiendo que estaban desesperados para encontrar el camino para que esta terna no llegara. Muchos éramos los que queríamos eso.
La cantidad de familias que sufren en todo el país, padres obstruidos, abuelos obstruidos, hermanos que no se encuentran y todo lo que ya sabemos que está pasando, todos necesitan que la ideología de género desaparezca de la justicia y se vuelva al derecho objetivo, al tradicional, al que es con pruebas, pero, lamentablemente, creo que no va a ser tan sencillo.
Esta segunda vuelta del concurso, en estas condiciones, va a ser más compleja que la primera.
—Usted recién mencionó que fue un error dar por finalizado el concurso, ¿de qué otra manera se podría haber solucionado el procedimiento en el Senado?
—Yo hubiera revocado esa terna. Había miles de fundamentos para revocarla. Hubiera pedido a la presidenta del Senado que la devuelva a la comisión, después hubiera revocado esta resolución modificando el plazo y colocado “días corridos”. A nivel legislativo es lo que corresponde, pero si la comisión quería y tenía la mayoría, eso estaba bien.
Después hubiera realizado una nueva propuesta, antes de septiembre, con los concursantes que rindieron. Y si no me gustaba ninguno, hubiera dejado que llegara septiembre, y recién después hubiera llamado a un nuevo concurso. Eso hubiera sido lo legítimo.
¿Sabes cuál es el problema ahora? Alguien que salga de un concurso tan viciado, donde va a haber cantidades de causas, amparos y cautelares, porque va a haber de todo, ya que ese es el comportamiento que tienen de la otra parte. Quien sea elegido, no saldrá con esa legitimidad y esa legalidad para tomar decisiones que después sean respetadas o para imponer políticas públicas que sean escuchadas. No me parece que el nuevo defensor de los niños, niñas y adolescentes merezca salir de un concurso no legítimo y no legal.
—Usted participó del concurso para la Defensoría. ¿Qué cambios considera que se deberían incorporar en el nuevo concurso para garantizar transparencia?
—Para que no haya irregularidades, primero la política debería correrse. Estos concursos deberían ser con técnicos, académicos y con equipos preparados.
Y lo segundo es que sea todo público, desde la inscripción inicial hasta la orden de mérito final, no tener ningún riesgo, porque entonces todos pueden impugnar a todos, yo puedo ver que tu examen está mal corregido, lo puedo impugnar. Ahora si es todo secreto, todos sospechamos. Yo de vos, vos de mí, del otro. Y si no fuera la política la que eligiera estos cargos, sería fantástico.
—¿Qué rol debería tener la sociedad civil y las ONGs dentro del nuevo proceso de elección?
—En 2025, llevaron a las ONGs para que se expresen, los dos primeros días fueron dedicados a las organizaciones. No escucharon a ninguna, las llevaron de decorado.
Estas son importantes porque son las que están en el territorio, las que recorren, las que tienen trato con la gente que sufre, las que saben qué pasa con los niños en la calle, en los juzgados y en toda situación de vulnerabilidad que puedan tener, o de fortalezas que podamos copiar. Pero la realidad es que el año pasado las llevaron como decorado, solo para cumplir. Todas dieron un mensaje claro y la verdad es que fue lo mismo que si no hubieran hablado.
Muchas vinieron de distintos lugares del país con mucho costo, con mucho sacrificio. Espero que si las citan esta vez, decidan tomar en cuenta sus opiniones; y si no, que no les hagan hacer este sacrificio, porque no tiene sentido. Como no tuvo sentido el sacrificio que hicimos los 125.
—¿Cuáles son hoy los temas urgentes que la actual Defensoría no está abordando correctamente?
—Hay que trabajar urgentemente en la ideología, sacar la ideología de género de los juzgados, de la justicia en general y de la administración pública en su totalidad. Tenemos que priorizar la perspectiva de la niñez por sobre la perspectiva de género cuando hablamos de niños. No puedo pensar en la mujer, tengo que pensar en el niño, niña y adolescente. Porque esa es la función de la defensoría, no la de la mujer. La de la mujer, que busque el área que la va a cuidar, proteger o lo que fuera y está bien y es adulta y tendrá herramientas. Los niños no tienen herramientas.
Hay cientos de chicos judicializados o no judicializados en trámites administrativos que no llegaron a la justicia todavía, atrapados en procesos solo porque priorizan la ideología de género por sobre la perspectiva de niñez.
Si corremos la ideología, tenemos resuelta gran parte de la violencia intrafamiliar. No te digo toda, pero gran parte. Porque si las psicólogas que te atienden o las juezas que te atienden no tienen un prejuicio previo, un preconcepto de que lo mejor, como le dijeron al abuelo de Lucio Dupuy o como le dijeron al papá de Ángel y a tantos otros, porque te puedo hablar de Zoe, de Milo, te podemos hablar de muchos. Si ellos no hubiesen tenido ese preconcepto de decir: “No va a estar en ningún lugar mejor que con la madre”, corremos la ideología y los obligamos a investigar objetivamente, y así hubieran concluido que el mejor lugar para Ángel era la casa del papá y el mejor lugar para Lucio era con los tíos paternos, los abuelos y el papá.
Es urgente, lo digo y lo repito porque en algún momento tiene que entrar en la cabeza de alguien que me ayude a correr esto.
Segundo, tenemos que lograr que se deje de hormonizar chicos menores de edad, urgente. No puede haber hormonizaciones a esa edad. Los estudios internacionales dicen claramente que los daños físicos y psicológicos que se provocan son enormes.
Tercero, tenemos que adecuar la ESI urgente, así como está no se puede seguir dando, porque no tiene en cuenta la madurez individual de los chicos. Cada chico madura a su momento, la madurez es muy importante, una cosa es que vos le enseñes a un chico que un adulto no se le puede acercar. Y otra cosa es que explícitamente le expliques lo que es el sexo en jardín de infantes, por ejemplo, me parece terrible.
Por supuesto, la ley de aborto, tenemos que estar pensando ya en cómo trabajar para derogarla. Esto es lo que yo pienso, es lo que yo soy y es por lo que yo trabajaría como Defensoría.
—¿Cree que desde la Defensoría se podrían hacer estos cambios urgentes?
—En mi plan de trabajo para el concurso del 2025 lo propuse y dije cómo había que hacerlo, y en la audiencia pública también lo dije, pero entiendo que si corremos eso y dejamos que trabaje la justicia objetiva como corresponde con hechos, pruebas y certeza, gran parte de esos casos estarían resueltos con hechos y no con ideología. Entonces, esos casos hubieran sido resueltos, tanto el de Lucio como el de Ángel y otros tantos que conocemos.
—¿Qué otra respuesta le gustaría agregar?
—Por último, lo que no vieron desde la comisión en el Senado es que abrir un nuevo concurso ahora trae muchos riesgos. La oposición va a impugnar cada cosa que les quieran impugnar mientras no logren el objetivo, como hacen habitualmente. Entonces, abrieron un portón doble que ahora hay que ver cómo lo manejan.
La discusión por la Defensoría del Niño volvió a exponer las tensiones políticas y jurídicas alrededor de un cargo clave para las políticas de niñez en Argentina. Con un nuevo concurso en marcha, el desafío ahora será construir un proceso que logre consenso institucional, transparencia y legitimidad.
