En una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Cámara de Diputados dio inicio al debate del denominado «Súper RIGI», uno de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo a fines de mayo. La iniciativa busca atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares para nuevas industrias que hoy no tienen desarrollo en la Argentina, mediante un esquema de estabilidad fiscal y beneficios tributarios de largo plazo.
El núcleo del proyecto se encuentra en establecer una alícuota del 15% en el impuesto a las ganancias para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), frente al 35% general, mientras que los dividendos tributarán un 7% durante los primeros cuatro años y luego descenderán al 3,5%.
El oficialismo aspira a emitir dictamen en las próximas semanas y llevar la iniciativa al recinto antes de finalizar junio.
La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, y contó con la exposición de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, ambos funcionarios del Ministerio de Economía.
El Gobierno destacó el impacto del régimen en inversiones, empleo y exportaciones
Al abrir la presentación, González sostuvo que la nueva iniciativa es una evolución del régimen vigente y defendió los resultados obtenidos hasta el momento.
«El Súper RIGI es la continuidad y la evolución del RIGI, el cual fue exitoso en movilizar la inversión en Argentina, en el aprovechamiento de recursos naturales, lo que resultó en un aumento del empleo y del agregado de valor»
Durante su exposición, el funcionario presentó datos sobre el impacto proyectado del régimen actual, destacando la generación de empleo directo y un potencial exportador estimado en 221 millones de dólares anuales. Además, remarcó que el RIGI permitió acelerar inversiones vinculadas a sectores estratégicos como Vaca Muerta y la industria del litio.
Sin embargo, apenas iniciada la presentación, legisladores de la oposición cuestionaron que buena parte de la exposición estuvo centrada en el régimen vigente y no en el nuevo proyecto. Ante esos planteos, González respondió que «para el Gobierno es importante contextualizar» para comprender el por qué de la propuesta enviada al Congreso.
Ganancias al 15% y estabilidad fiscal: los incentivos para captar inversiones
Al detallar los principales lineamientos del Súper RIGI, el secretario explicó que el esquema incorpora mayores exigencias en materia de agregado de valor y desarrollo industrial, al tiempo que mantiene beneficios fiscales considerados claves para atraer inversiones de largo plazo:
«El Súper RIGI no permite ampliaciones de proyectos, tiene más impacto en la cadena de valor y mantiene los beneficios del RIGI».
Entre esos beneficios mencionó la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias al 15%, la exención de aranceles para bienes de inversión y la estabilidad normativa por períodos prolongados.
Asimismo, señaló que el programa requerirá el compromiso de provincias y municipios para mantener una presión tributaria compatible con los objetivos del régimen, especialmente en materia de Ingresos Brutos y tasas locales.
El debate por el costo fiscal del Súper RIGI y los beneficios para grandes inversores
Uno de los primeros cuestionamientos llegó de parte del diputado Eduardo Falcone (MID), quien consultó por qué el proyecto fija una alícuota del 15% para el Impuesto a las Ganancias y no un porcentaje superior.
La respuesta de González apuntó a la necesidad de competir con otros países que buscan captar inversiones internacionales.
«Discutir el costo fiscal no tiene mucho sentido. Estamos comparando con una realidad virtual, con algo que no existía. Sobre la tasa reducida en el Impuesto a las Ganancias, estamos compitiendo con valores internacionales. Tenemos que generar condiciones para que Argentina vuelva a ser confiable y esté al tope de la lista; por eso vamos a lo más bajo del impuesto a las ganancias».
Desde la oposición, Agustín Rossi (Unión por la Patria) cuestionó el impacto fiscal del esquema y sostuvo que los beneficios terminan favoreciendo a los sectores con mayor capacidad económica:
«Si se bajan las alícuotas del Impuesto a las Ganancias, la diferencia de eso termina impactando en el equilibrio fiscal que este gobierno dice tener; a los que tienen mayor poderío les damos más beneficios, pero ajusta más en los sectores populares». También cuestionó uno de los puntos centrales de la iniciativa: los 30 años de estabilidad regulatoria previstos para las inversiones que ingresen al régimen.
En ese contexto, Rossi preguntó:
¿Por qué definieron 30 años? ¿Tienen algún estudio?
El artículo 74 de este proyecto de ley establece que los Vehículos de Proyecto Único (VPU) gozarán durante tres décadas de estabilidad tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la fecha de adhesión. En la práctica, ninguna modificación normativa posterior podrá afectar las condiciones originales del proyecto. Si el Congreso crea un nuevo tributo o incrementa una alícuota existente, los emprendimientos adheridos mantendrán las condiciones vigentes al momento de ingresar al régimen.
La respuesta oficial fue que la estabilidad normativa constituye un factor relevante por los inversores internacionales.
«El valor de los 30 años es la estabilidad, es lo que reconocen los inversores extranjeros».
Ante los cuestionamientos, González defendió la estabilidad fiscal propuesta en el proyecto y recordó que mecanismos similares ya fueron incorporados en legislaciones anteriores. «Ese sector no tiene beneficios» y recordó que los 30 años de estabilidad fueron incorporados originalmente durante gobiernos kirchneristas. Además, sostuvo que «somos de la idea de que lo que funcionó bien no lo choquemos».
El funcionario también sostuvo que el proyecto abre la puerta a nuevas inversiones vinculadas al hidrógeno verde, la petroquímica y otras actividades industriales asociadas a la energía.
Consultado por el diputado Agustín Rossi sobre una posible influencia de la empresa tecnológica Palantir en el diseño del proyecto, respondió de manera categórica:
«No lo conozco y la respuesta más simple es no».
Gas, minería, Vaca Muerta y exportaciones: las industrias que serán potenciadas
González aseguró que el régimen ya está generando señales positivas para grandes inversores internacionales y mencionó el caso de Rio Tinto, empresa que había evaluado reducir su presencia en el país y actualmente mantiene varios proyectos de inversión en marcha. Además, realizó un anuncio con proyección al año que viene:
«En septiembre de 2027 vamos a estar licuando gas en Argentina».
Sobre el financiamiento de la infraestructura energética, rechazó la idea de que el Estado deba asumir ese rol y defendió la participación del capital privado.
«El Estado no tiene que invertir dinero, sino el sector privado energético. Se está llevando adelante la construcción de tres gasoductos con inversiones privadas; si el Estado hubiese invertido, solo podría obtener uno».
Más adelante, frente a una comparación realizada por la diputada Victoria Tolosa Paz sobre el desarrollo industrial argentino y chileno, González afirmó que el objetivo es evitar una economía exclusivamente basada en materias primas.
«La Argentina puede atraer inversiones industriales para que no vayamos a una primarización de las exportaciones».
Y en respuesta a las críticas de Unión por la Patria, lanzó una frase que sintetizó gran parte del debate:
«Ustedes están comparando contra algo que no existía».
Oficialismo y oposición chocaron por impuestos, inversión privada y rol del Estado
La discusión también dejó en evidencia las diferencias de enfoque entre oficialismo y oposición sobre el rol del Estado, la presión tributaria y la atracción de inversiones.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Adrián Ravier defendió la estrategia económica del Gobierno y sostuvo que el país atraviesa una etapa de reducción gradual de impuestos.
«Estamos ante dos miradas de país. A 2026, la presión tributaria está empezando a bajar para recuperar crecimiento. Hubo que achicar mucho el tamaño del Estado para ordenar la macroeconomía».
El legislador consideró que el Súper RIGI permitirá mejorar la competitividad de la economía argentina, atraer capitales y generar empleo privado. Además, ratificó el objetivo del oficialismo de continuar reduciendo la carga tributaria y afirmó que «para eso hace falta consensos que no los tenemos porque se perderían cajas provinciales».
Finalmente, justificó la importancia estratégica de la iniciativa:
«Si logramos que haya inversión, vamos a generar movimientos de capital, ingresos de divisas y creación de empleos reales».
Generación de empleo, industria y desarrollo productivo: otro eje del debate
Hacia el cierre de la reunión, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, respondió a las objeciones vinculadas al impacto laboral del proyecto y defendió la capacidad de la industria para generar puestos de trabajo de calidad.
Dirigiéndose al diputado Martín Lousteau, afirmó:
«¿Sabe cuánto empleo se generó en Neuquén y Río Negro sacando una molécula de gas? Cincuenta. Porque estamos buscando generar actividad; si hay algo que genera empleo, es la construcción de industrias nuevas».
Con el inicio formal del debate parlamentario, el oficialismo busca acelerar el tratamiento del Súper RIGI y llevarlo al recinto antes del receso invernal. Mientras tanto, la discusión promete profundizar uno de los principales debates económicos del Congreso: cuánto debe intervenir el Estado para impulsar inversiones y cuál es el costo fiscal que la Argentina está dispuesta a asumir para atraer grandes proyectos productivos.
