El presidente Rodrigo Paz anunció la creación de una comisión abierta para reformar parcialmente la Constitución boliviana, en un esfuerzo por desmantelar las trabas legales heredadas del modelo económico instaurado por Evo Morales que, según sus críticos, ahuyentó la inversión privada y condujo al país a su actual crisis.
El anuncio se realizó en Cochabamba durante una cumbre nacional que reunió a autoridades del Ejecutivo, empresarios, líderes sociales, gobernadores y alcaldes, en lo que el gobierno definió como un ejercicio de diálogo amplio y participativo.
La administración Paz presentará diez proyectos de ley en materia de hidrocarburos, electricidad, minería, inversiones, economía verde y emprendimiento. Varias de estas propuestas ya se encuentran bajo revisión jurídica antes de su envío al Parlamento.
«Vamos a crear la Comisión de la Reforma de la Constitución y esto será una comisión abierta para que todos puedan participar desde sus sectores, sus regiones», afirmó Paz ante el plenario.
El paquete de reformas incluye también una nueva ley electoral, una reforma judicial y una ley de seguridad nacional, con el objetivo declarado de generar el marco legal que permita el ingreso de capitales y reactive el crecimiento económico.
El mandatario subrayó que las reformas deben explicarse con claridad desde las regiones para evitar lecturas distorsionadas. «El viejo Estado tranca no da seguridad», sentenció, en una alusión directa al modelo hipercentralizado que consolidó la constitución de 2009, redactada durante el gobierno de Morales y que reservó al Estado la propiedad de los recursos naturales y el control de los sectores hidrocarburífero, minero y eléctrico, limitando la participación privada a lo que el expresidente Jorge Tuto Quiroga describió como «rendijas».
Quiroga, presente en el evento, calificó de urgente la reforma parcial de la Carta Magna y solicitó al gobierno explorar acuerdos de libre comercio con cláusulas de protección a las inversiones para garantizar seguridad jurídica a los capitales extranjeros.
En materia de descentralización, Paz propuso el esquema «50-50», que plantea redistribuir de forma equitativa competencias y recursos entre el gobierno central y las regiones. Sectores como educación y salud mantendrían una base nacional, pero permitirían que los departamentos adapten hasta la mitad de las políticas a sus realidades locales.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció medidas concretas para flexibilizar la gestión financiera de alcaldías y gobernaciones: eliminación de autorizaciones centrales para modificaciones presupuestarias, agilización automática de anticipos financieros e implementación de firma digital para evitar desplazamientos innecesarios de autoridades subnacionales a La Paz.
El gobierno propuso también revisar los artículos 82 al 100 de la Ley de Autonomías, considerados un corsé normativo que limita la libertad financiera de los gobiernos departamentales y municipales.
La cumbre se desarrolló en un contexto de desaceleración económica sostenida, escasez de dólares y un debate creciente sobre si el modelo constitucional vigente —legado central del evismo— tiene capacidad de respuesta ante los desafíos actuales o si, como sostiene el gobierno de Paz, requiere una transformación de fondo para que Bolivia pueda reinsertarse de manera competitiva en la economía global.