Con el 99,505% de las actas computadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori consolida el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas del 12 de abril, mientras una diferencia de apenas 14.772 votos mantiene en vilo la definición del segundo cupo para el balotaje del 7 de junio.
Según los resultados preliminares de la ONPE, Fujimori, candidata de Fuerza Popular, lidera la contienda con el 17,173% de los votos válidos, equivalente a 2.864.334 sufragios. A considerable distancia, el extremista de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ocupa el segundo lugar con el 11,999% (2.001.382 votos), seguido de cerca por el conservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11,911% (1.986.610 votos).
La escasa brecha entre Sánchez y López Aliaga —menos de 15.000 votos con el escrutinio casi concluido— convierte la definición del segundo finalista en el capítulo más incierto de un proceso electoral marcado desde el inicio por turbulencias institucionales. La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, estimó que los resultados presidenciales definitivos estarán disponibles «por lo menos para la quincena de mayo».
El proceso ha estado lejos de transcurrir con normalidad. El día de los comicios se registraron serias fallas logísticas: retrasos en la entrega de material electoral y demoras en la apertura de locales de votación, especialmente en Lima y el Callao, obligaron al JNE a extender la jornada al lunes 13 de abril en algunas circunscripciones. El conteo posterior avanzó con una lentitud inusual que generó críticas de ciudadanos y candidatos por igual. El entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, terminó presentando su renuncia en medio de las controversias, y el organismo enfrenta actualmente un procedimiento disciplinario por las irregularidades detectadas.
López Aliaga, quien ve reducirse sus posibilidades de pasar a la segunda vuelta, ha insistido sin presentar pruebas en denunciar fraude, llegando incluso a ofrecer recompensas de hasta 20.000 soles a funcionarios electorales que aportasen evidencias de irregularidades. El JNE, por su parte, anunció la realización de una auditoría informática internacional para reforzar la transparencia del proceso y lleva adelante, por primera vez en su historia, el recuento de las actas observadas mediante audiencias públicas virtuales.