Acorralado por la peor crisis económica en décadas y por la creciente presión de Washington, la dictadura cubana aprobó esta semana el mayor giro de su modelo económico en mucho tiempo. La Asamblea Nacional del Poder Popular —una entidad que responde directamente al Partido Comunista— ratificó este jueves un paquete de 176 medidas económicas y sociales que abren la puerta a la venta de activos estatales, conceden mayores libertades a la iniciativa privada, amplían el espacio para los mecanismos de mercado y ofrecen facilidades a la inversión extranjera. El alcance del programa demuestra hasta qué punto la dirigencia se ha visto obligada a ceder terreno frente a un modelo que ella misma sostuvo durante generaciones.
La magnitud del retroceso ideológico queda en evidencia al revisar las disposiciones aprobadas. Entre los cambios más relevantes figura la autorización de bancos y servicios financieros privados, la entrada de inversión privada y extranjera en el mercado inmobiliario, el fin del monopolio estatal sobre gran parte del comercio exterior y la posibilidad de que personas naturales y jurídicas compren acciones de empresas públicas. Cada una de estas medidas habría sido impensable hace apenas unos años bajo la ortodoxia castrista, que durante décadas presentó la propiedad privada y el capital extranjero como amenazas al proyecto revolucionario.
El paquete no se detiene ahí. El régimen permitirá la entrada de franquicias, cadenas internacionales y nuevas formas de comercio, además de otorgar mayor autonomía a los productores agrícolas, incluida la posibilidad de exportar de forma directa e importar insumos. También habrá una apertura más amplia a operadores privados en sectores estratégicos como el turismo, el transporte y los servicios, mientras que las autoridades flexibilizarán la importación de vehículos y mercancías con fines comerciales. En conjunto, las medidas dibujan una economía que se aleja del esquema centralizado y estatista que definió a la isla durante más de medio siglo.
Una de las disposiciones de mayor alcance para el sector privado es la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior con derecho a realizar extracciones, una facultad que amplía de manera significativa la capacidad de maniobra de los emprendedores cubanos. A ello se suma una decisión de fuerte carga simbólica: el fin definitivo de la libreta de racionamiento, que quedará reservada únicamente para los grupos más vulnerables. Aunque esa cartilla nunca logró cubrir las necesidades básicas de la población, constituía uno de los emblemas del modelo castro-socialista, y su desmantelamiento marca el cierre de toda una etapa.
El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, defendió las reformas como transformaciones económicas y sociales que, según sostuvo, impactarán en el perfeccionamiento del sistema de gestión de la economía cubana. Pese a que varias de las medidas suponen una apertura inequívoca hacia fórmulas capitalistas, Marrero insistió en que ello no implica una renuncia al socialismo, en un esfuerzo por conciliar el viraje económico con el discurso oficial.
Por su parte, el mandatario Miguel Díaz-Canel presentó el giro como una respuesta de emergencia ante la crisis. En su discurso de clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, afirmó: «La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella».
En un reconocimiento inusual, Díaz-Canel admitió que no todas las trabas provienen del exterior. «Hay trabas que no vienen de afuera, ni del bloqueo. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros, tenemos que cambiarlo nosotros, y tenemos que cambiarlo ahora», señaló. El gobernante pidió además una «confianza vigilante» hacia el régimen: «No estamos en momentos de pedir confianza ciega; les pido una confianza vigilante: confíen, pero exíjannos. Acompáñennos, pero fiscalícennos».
El telón de fondo de estas decisiones explica su carácter apremiante. El régimen presentó el paquete en medio de la peor crisis económica en décadas, marcada por cortes de electricidad prolongados —de hasta tres días consecutivos—, una inflación creciente y un declive sostenido de los ingresos en divisas. A ese deterioro material se suma un aumento del descontento social que se manifiesta en protestas casi diarias contra el sistema, un fenómeno que durante años el aparato estatal logró contener y que hoy se ha vuelto difícil de ocultar.
La aprobación de las reformas llega también tras semanas de presión de Washington sobre La Habana. Recientemente, la administración Trump sancionó al corazón mismo del poder castrista: GAESA, el Grupo de la Administración Empresarial S.A., el conglomerado militar que controla buena parte de la economía de la isla. En paralelo, decenas de socios extranjeros y compañías hoteleras se han marchado en las últimas semanas, y el turismo, una de las principales fuentes de financiamiento del país, ha colapsado. Entre las señales más visibles de ese repliegue, varias cadenas españolas han abandonado la mitad de sus hoteles en Cuba por temor a represalias de Estados Unidos.
Más allá del alcance de las medidas, el problema de fondo permanece inalterado: el castrismo y su élite continúan aferrados al poder. El régimen fue explícito al señalar que no abandonará el control político ni el carácter socialista del sistema, lo que limita el verdadero alcance de la apertura. Con este viraje, quienes durante décadas frenaron la iniciativa privada, expropiaron y condujeron al país a una miseria extrema y a una emergencia humanitaria pretenden ahora maquillar con reformas un modelo fallido, incapaz incluso de garantizar los servicios esenciales.
La pregunta que queda flotando es si esta apertura tardía, nacida de la necesidad y no de la convicción, bastará para revertir el deterioro de una economía exhausta, o si solo servirá para prolongar la supervivencia de una cúpula que, una vez más, cambia lo accesorio para conservar lo esencial: el poder.
