La Paz lleva más de cuatro semanas sitiada por bloqueos que impiden el paso de alimentos, combustible y oxígeno para los hospitales. Obreros, campesinos, mineros e indígenas bajan desde El Alto con cascos, ponchos y banderas, y al llegar al Palacio Quemado gritan una sola cosa: que el presidente Rodrigo Paz renuncie. Bolivia volvió a quedar atrapada en la pregunta que más le cuesta responder: ¿cuándo termina una protesta legítima y empieza algo más oscuro?
Cómo llegó Bolivia a esta crisis
Rodrigo Paz llegó al poder en noviembre de 2025 en circunstancias que, para muchos bolivianos, tenían algo de histórico. Fue el primer presidente en poner fin a dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo, un ciclo que comenzó con los avances redistributivos del primer gobierno de Evo Morales y terminó en una debacle económica tan compleja que el MAS obtuvo el 3% de los votos en las elecciones de 2025. La ciudadanía, agotada por la escasez de combustible, la corrupción y el bloqueo institucional, eligió a un candidato centrista que prometía una ruptura sin revanchismo.
Pero ganar una elección no es lo mismo que acceder al poder real, ya que las instituciones, la justicia, los organismos electorales y los aparatos de seguridad siguieron impregnados de la influencia del régimen anterior. Así, Paz asumió el gobierno pero encontró un Estado cuyas paredes internas le eran hostiles. Esa fractura entre gobierno formal y poder real es el terreno sobre el que se construyó la crisis actual porque, en el caso boliviano, no basta con ganar en las urnas si el entramado institucional sigue siendo el del gobierno que acaba de perder.
Las protestas que comenzaron a principios de mayo partieron de demandas concretas: un aumento salarial del 20%, mejor abastecimiento de combustible y la derogación de una ley cuestionada. La Central Obrera Boliviana, los campesinos, los mineros, los transportistas son sectores que tienen razones genuinas para estar descontentos luego de años de un deterioro económico heredado que el propio gobierno reconoció. El jefe de gabinete distinguió entre sectores con reclamos legítimos que ya recibieron respuestas y otro tipo de movimiento, al que llamó directamente «sedición».
El problema es que en Bolivia esas capas rara vez se separan con claridad. Y con el paso de las semanas la demanda central mutó. Ya no se trata de salarios ni de combustible sino de la renuncia del presidente. Y en ese salto aparece la figura que más tensiona el análisis: Evo Morales, el ex presidente que con un juicio penal abierto en su contra impulsó la denominada «Marcha por la Vida para Salvar Bolivia», que partió el 12 de mayo desde Caracollo, en el departamento de Oruro, recorrió el altiplano y llegó a La Paz el 18 de mayo con ese objetivo explícito. Ante esto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, calificó el proceso de «golpe de Estado en curso».
Los bloqueos y sus víctimas concretas
Cuando una movilización impide el paso de ambulancias y provoca muertes vinculadas a la interrupción de servicios de emergencia, cuando corta el oxígeno para pacientes internados y deja barrios enteros sin alimentos durante semanas, ya no estamos ante un instrumento de presión política sino que estamos ante una forma de coerción que tiene sus propias víctimas.
En La Paz, los hospitales públicos registraron faltantes críticos de insumos básicos. Comercios cerraron por falta de mercadería. El transporte de pasajeros colapsó. Las consecuencias humanitarias del bloqueo dejaron de ser abstractas hace semanas.
Nombrar eso no implica ignorar los reclamos que le dieron origen. Eso no exime al gobierno de sus propias responsabilidades. El decreto que detonó la primera ola de protestas en enero tuvo que ser abrogado bajo presión y la gestión del conflicto acumuló errores de timing y de comunicación. El cambio de ministro de Trabajo, a su vez, llegó tarde. El recorte salarial anunciado desde Sucre, con La Paz sitiada, tiene algo de gesto desesperado que llega cuando el debate ya es otro.
Paz heredó una crisis económica profunda, pero también la administró con los márgenes estrechos de quien no terminó de consolidar su autoridad institucional. Seis meses es poco tiempo para gobernar un país en esas condiciones, pero también es tiempo suficiente para que se acumulen los errores que otros aprovechan. La historia de Bolivia está llena de gobiernos que llegaron con mandato claro y se desgastaron en el primer año sin poder cerrar la brecha entre la promesa electoral y la realidad del poder.
La reacción internacional y el aislamiento de Bolivia
La región viene mirando con preocupación creciente. Argentina, Chile, Ecuador y Perú, entre otros, expresaron respaldo a la institucionalidad boliviana y pidieron diálogo. La Unión Europea condenó la violencia. La OEA convocó a una sesión extraordinaria para analizar la situación. Ese frente no es decorativo, ya que Bolivia necesita sostén externo para atravesar la crisis sin ruptura democrática, y ese sostén solo se mantiene si el gobierno muestra voluntad de negociar sin ceder ante la extorsión del bloqueo indefinido.
El aislamiento internacional que podría derivarse de una ruptura institucional agravaría una economía ya muy deteriorada. Bolivia depende de financiamiento externo y de acuerdos comerciales regionales que se volverían imposibles de sostener si el país ingresa en una nueva espiral de inestabilidad.
La pregunta que Bolivia no puede evitar
Porque en el fondo lo que está en juego en Bolivia es una pregunta que trasciende a Rodrigo Paz. Si un gobierno puede ser removido mediante el cierre de rutas a los seis meses de asumir, el próximo gobierno enfrentará los mismos bloqueos en sus primeros meses. Y el siguiente también. Bolivia ya pagó un precio enorme por dos décadas de instituciones capturadas, democracia degradada y ciclos de crisis que se repiten con una regularidad que parece inevitable pero no lo es.
La oportunidad que abrieron las elecciones de 2025 es frágil, pequeña y está siendo disputada palmo a palmo en las calles de La Paz. El país tiene mecanismos institucionales para canalizar el descontento: juicio político, negociación parlamentaria, movilización dentro del sistema. Usarlos es más lento y más frustrante que cortar una ruta. Pero es la diferencia entre una democracia y una sucesión de crisis que se alimentan a sí mismas.
Bolivia ya vivió esto antes. Sabe cómo termina cuando las calles deciden lo que las urnas no pueden sostener. La pregunta que nadie quiere responder es si esta vez va a ser diferente, o si el país está condenado a repetir, una y otra vez, el mismo ciclo: elecciones, esperanza, bloqueo, caída.
