Un reportaje de Cuarto Poder expuso nuevos chats que forman parte de la investigación que el Ministerio Público lleva adelante sobre irregularidades en los contratos vinculados a las Elecciones Generales 2026. Las conversaciones apuntan a un presunto direccionamiento de licitaciones a favor de la empresa Galaga por parte de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en detrimento de ofertas más económicas disponibles en el mercado.
Una diferencia de 500 mil soles que nadie explica
La ONPE adjudicó a Galaga un servicio por 2 millones 299 mil soles. Sin embargo, la empresa AFE había presentado una propuesta para realizar el mismo trabajo por 1 millón 799 mil soles, es decir, medio millón menos. La diferencia no ha sido justificada técnicamente de manera satisfactoria, lo que alimenta la hipótesis central de la Fiscalía: que los criterios de selección no respondieron a una evaluación imparcial.
«Bien gordito»: el mensaje que complica a la ONPE
Los chats analizados por el Ministerio Público datan de poco después de conocerse el resultado de la adjudicación. En ellos se observa que varios funcionarios de la institución reaccionaron con satisfacción ante la victoria de Galaga en el proceso.
El más llamativo es un mensaje de Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, dirigido a su subordinado William García: «Bien gordito. Que notifiquen hoy. Buen trabajo». La Fiscalía interpreta esta comunicación como un indicio de que la adjudicación estaba prevista de antemano y de que se buscó agilizar su formalización.
Cambios normativos que habrían facilitado el favoritismo
La investigación también analiza modificaciones en los lineamientos de contratación impulsadas por Piero Corvetto, jefe de la ONPE, a inicios de este año. Esos cambios otorgaron a funcionarios de las áreas solicitantes la potestad de evaluar y calificar a los postores, una función que antes recaía en otros niveles de la institución.
Según la Fiscalía, esa reconfiguración habría permitido que personal vinculado a Galaga influyera en la definición de criterios técnicos y en la calificación de propuestas. El objetivo de la investigación es determinar en qué medida esos ajustes normativos fueron diseñados para favorecer a la empresa.
Galaga llegó al día de las elecciones sin los recursos prometidos
Más allá del presunto direccionamiento contractual, la investigación revela serias fallas operativas. Galaga presentó con demora el listado de vehículos y conductores requeridos para el 11 de abril. El día previo, la empresa había puesto a disposición apenas 12 unidades, cuando se necesitaban cientos. La situación obligó a contratar de emergencia a otras firmas como Panamundo y Hermes para cubrir el déficit.
A eso se sumó una grave escasez de personal de despacho: de las 100 personas previstas para esa tarea, solo se incorporaron 54. El faltante generó presión sobre la operación logística y dificultó la distribución oportuna del material electoral en distintos puntos del país.
Otros funcionarios bajo la lupa
La pesquisa involucra además a José Samamé, Hilda Otoya y Lilia Flores, quienes habrían participado en coordinaciones sobre términos de referencia, requerimientos técnicos y presupuestos adicionales del contrato con Galaga, utilizando canales de comunicación ajenos a los institucionales.
La Fiscalía evalúa si esos intercambios sirvieron para ajustar el pliego de condiciones con el fin de beneficiar a la empresa adjudicataria. La hipótesis es que no se trató de comunicaciones casuales, sino de parte de un esquema deliberado para asegurar a Galaga como proveedor privilegiado.
La transparencia electoral, en entredicho
El caso abre un debate profundo sobre la autonomía y la integridad de los procesos de contratación que sostienen las elecciones en el país. La posibilidad de que la ONPE haya direccionado contratos millonarios hacia un proveedor específico erosiona la confianza en la neutralidad de la institución.
La ONPE señaló que continúa colaborando con la investigación y que ha adoptado medidas para garantizar la integridad de futuros procesos. La Fiscalía, en tanto, sigue recopilando evidencias —incluidos los nuevos chats— para determinar si los hechos configuran actos de favoritismo o corrupción en el marco de las Elecciones 2026.