El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que no proclame los resultados de las elecciones del 12 de abril mientras no culmine la auditoría informática que el propio organismo dispuso realizar al proceso electoral.
A través de una carta dirigida al pleno del JNE, el postulante advirtió que cualquier resultado emitido sin que se complete previamente dicha evaluación «no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo de la ciudadanía». En el documento, citó el artículo 176° de la Constitución, que obliga al sistema electoral a garantizar que los resultados reflejen la voluntad popular y que el proceso sea transparente.
López Aliaga también cuestionó que el JNE haya anunciado la auditoría sin precisar fechas, plazos ni los nombres de los técnicos responsables, y exigió que esa información sea comunicada en un plazo máximo de 24 horas.
El candidato venía alertando sobre un supuesto fraude electoral desde días antes del 12 de abril. Las irregularidades atribuidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reforzaron sus cuestionamientos, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas concluyentes que los sustenten.
El cronograma electoral no puede alterarse
La especialista en derecho electoral Silvia Guevara recordó que el calendario electoral es inalterable por mandato legal. Según el artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones, la segunda vuelta debe celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. En ese marco, el JNE ha señalado que el reconteo de votos debe concluir antes de la quincena de mayo, con miras a la segunda vuelta fijada para el domingo 7 de junio.
Guevara precisó que esta obligación está respaldada por la sentencia del caso Lizana Puellas, emitida por el Tribunal Constitucional en 2005, lo que impide al JNE modificar el calendario para atender la solicitud de López Aliaga.
La jurista también advirtió que el JNE aún no ha definido el alcance concreto de la auditoría. «Considero necesario que esto se aclare para tener una proyección de los plazos y determinar si efectivamente se realizará antes de la segunda vuelta», señaló a El Comercio.
En cuanto al impacto de los hallazgos, Guevara explicó que si los resultados de la auditoría se obtienen antes del balotaje y revelan aspectos subsanables, podrían corregirse de cara al 7 de junio. Sin embargo, si el informe llega después de publicados los resultados oficiales, revertir la situación sería legalmente muy complejo, «a menos que se encuentre algo extremadamente gravoso».
Especialistas cuestionan el sustento legal de la auditoría
El analista electoral Alejandro Rospigliosi fue más crítico: sostuvo que la auditoría anunciada carece de respaldo en la Ley Orgánica de Elecciones y la calificó como «una creación del señor Roberto Burneo, posiblemente motivada por su propia conciencia». No obstante, reconoció que, desde el punto de vista de la razonabilidad, surge una pregunta legítima: ¿qué ocurriría si se proclaman los resultados de la primera vuelta y la auditoría posterior revela irregularidades graves? «Sería una incoherencia absoluta y generaría una inestabilidad política total», respondió.
Por su parte, el especialista en derecho digital Erick Iriarte subrayó que la auditoría debió haberse realizado antes del proceso electoral. «Si no tienes claridad de que el sistema estaba funcionando correctamente, cualquier discurso posterior será que estuvo mal», advirtió.