La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó a los estados del país a restringir la participación de deportistas transgénero en equipos deportivos femeninos escolares y universitarios, en un fallo que redefine el alcance del Título IX, la norma federal que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas que reciben fondos públicos.
La decisión, conocida el martes, se originó a partir de dos causas judiciales vinculadas a leyes de Virginia Occidental e Idaho, pero su efecto se proyecta sobre otros 25 estados con normativas similares. En conjunto, más de la mitad del país cuenta ahora con respaldo judicial para mantener regulaciones que reservan las competencias femeninas a mujeres biológicas.
Una interpretación que cambia el criterio legal
El fallo, con opinión mayoritaria redactada por el juez Brett Kavanaugh, contó con el respaldo del presidente del tribunal, John Roberts, y de los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. La resolución revocó pronunciamientos previos de tribunales de apelación y devolvió los expedientes a instancias inferiores para su revisión.
El eje del fallo está en la interpretación del término «sexo» dentro del Título IX y de la enmienda Javits. Según sostuvo la mayoría, ambas normas se refieren de manera estricta al sexo biológico cuando se aplican al ámbito deportivo, lo que habilita a las instituciones educativas a organizar sus equipos masculinos y femeninos bajo ese criterio. El texto del veredicto argumenta que esa lectura respeta la intención original del Congreso y la estructura histórica de la ley, que desde hace décadas contempla la separación de competencias por sexo debido a diferencias físicas entre hombres y mujeres.
Lo que dijo Clarence Thomas
El magistrado Clarence Thomas acompañó el fallo con una opinión concurrente que generó fuerte repercusión política. En su texto, sostuvo que los hombres y niños con disforia de género no son mujeres ni niñas, aun cuando ellos mismos se perciban de esa manera, y afirmó que el sexo es una característica biológica inmutable y binaria. Thomas fue más allá y planteó que utilizar el lenguaje para desdibujar esa realidad equivale, según su argumento, a faltar a la verdad ante la ciudadanía.
Sus palabras fueron celebradas rápidamente por referentes conservadores. La legisladora republicana Beth Van Duyne calificó la opinión como un acto de sentido común, mientras que otras voces del ala conservadora —incluidos comunicadores y legisladores estatales— difundieron fragmentos del escrito como una defensa contundente de su postura sobre el deporte femenino. En la vereda opuesta, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representó a las atletas trans demandantes en Virginia Occidental e Idaho, expresó su pesar por el fallo y remarcó que la igualdad de las mujeres trans no le quita derechos al resto de las mujeres, sino que amplía el principio de igualdad de oportunidades.
Impacto en la política deportiva escolar y universitaria
En los últimos seis años, 27 estados aprobaron legislación para limitar el deporte femenino a mujeres biológicas. El pronunciamiento del máximo tribunal llega, además, en un momento en que organismos como la NCAA, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y el Comité Olímpico Internacional ya habían endurecido sus propios reglamentos sobre la materia durante 2025 y 2026.
Los estados que defendieron estas leyes argumentaron que la separación por sexo biológico protege la seguridad física de las competidoras y preserva la equidad en el rendimiento deportivo. La Corte avaló esos argumentos al considerar que las diferencias corporales entre ambos sexos justifican la medida y que esta se ajusta al principio constitucional de igual protección ante la ley.
El fallo también descartó la obligación de crear excepciones para atletas trans que hayan recibido bloqueadores de pubertad o terapia hormonal. Los jueces señalaron que evaluar caso por caso el efecto de esos tratamientos en el desempeño físico sería, en la práctica, imposible de aplicar con criterios uniformes, y dejaron esa definición en manos de legisladores estatales y autoridades educativas. Las normas analizadas fueron la Save Women’s Sports Act de Virginia Occidental, vigente desde 2021, y la Fairness in Women’s Sports Act de Idaho, sancionada en 2020.
Voces disidentes y preguntas pendientes
En el plano constitucional, el tribunal estableció que las clasificaciones basadas en el sexo son válidas cuando guardan una relación sustancial con un objetivo estatal legítimo, como la seguridad o la equidad competitiva. Los magistrados evitaron extender al deporte el precedente fijado en Bostock v. Clayton County, referido a la discriminación laboral por identidad de género, al considerar que ambos contextos son sustancialmente distintos.
La jueza Sonia Sotomayor, junto a Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, emitió una opinión parcialmente disidente. Aunque coincidió en que el reclamo bajo el Título IX no podía prosperar, consideró apresurado cerrar el debate sobre la cláusula de igual protección, y citó como ejemplo el caso de Becky Pepper-Jackson, una estudiante trans que compitió en pruebas de campo en Virginia Occidental tras recibir bloqueadores de pubertad y hormonas.
El fallo deja sin resolver un punto clave: de qué manera las escuelas y federaciones deportivas verificarán, en la práctica, quién cumple con la definición de «mujer» fijada por la Corte, un vacío que podría derivar en nuevas disputas legales en los próximos meses.
Con esta sentencia, el sexo biológico queda establecido como el criterio central para determinar la elegibilidad en el deporte escolar y universitario estadounidense, con consecuencias directas sobre miles de estudiantes y sobre la forma en que se aplicarán estas políticas en todo el país.
