La Cámara de Diputados sancionó en el recinto los acuerdos con los últimos holdouts para cancelar sentencias vinculadas al default de 2001. La iniciativa, que obtuvo 139 votos afirmativos y 97 negativos, busca cerrar los litigios internacionales que la Argentina arrastra hace veinticinco años y evitar nuevas acciones judiciales contra activos estratégicos del país.
Durante mayo y junio, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja emitieron dictamen sobre proyectos clave para la gestión económica, entre ellos el Súper RIGI y los acuerdos de conciliación entre la República Argentina y los fondos acreedores.
A través de esta ley, el país podrá saldar una deuda total de 171 millones de dólares. Según el texto aprobado, el desglose del pago se realizará de la siguiente manera, USD 67 millones se destinarán a Bainbridge Ltd y USD 104 millones se transferirán a Attestor Value Master Fund LP.
Además, el temario de la sesión de Diputados incluyó la sanción de otros convenios internacionales, como los convenios de seguridad social con la Confederación Suiza y San Marino, así como los acuerdos para prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, el tratado para evitar la doble imposición con Francia y la prevención de la pesca ilegal, el cual fue celebrado en Roma en 2009.
Por último, desde la oposición se realizaron pedidos de apartamiento del reglamento para retomar la solicitud de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Fondos buitre vs. holdouts: el eje del choque entre oficialismo y oposición
Durante el debate, las voces opositoras cuestionaron con dureza la transparencia en las fuentes de financiamiento para abonar los montos de los bonos, así como la estrategia de negociación adoptada por el Poder Ejecutivo. Diputados de distintos bloques recordaron las fuertes quitas aplicadas en históricos procesos de reestructuración de deuda y los pagos realizados tras la crisis del corralito.
En ese contexto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó una crítica al acuerdo:
«¿Vamos a estar parados defendiendo los intereses de los 47 millones de argentinos o vamos a estar parados abrazados a los fondos buitre, los que estuvieron, los que están y los que estarán?»
Por su parte, desde el Frente de Izquierda, el diputado Néstor Pitrola profundizó el rechazo y cuestionó incluso que se utilice el término holdouts para referirse a los acreedores:
«Nosotros los llamamos fondos buitres, no holdouts, porque es una manera de darle una legitimidad que no tienen. En primer lugar, porque todas las deudas tienen un carácter expurio y legítimo. Es un gran negociado de intereses sobre intereses que viene de muchísimos años y de todos los gobiernos.»
Pitrola cree firmemente que el pago de estos acuerdos no resolverá la situación estructural de la deuda.
«Ahora son 171 millones de dólares de dos fondos, pero hay otros y van a seguir viniendo. Seguimos reconociendo estos negociados de los buitres que viven de esto, por eso los llaman buitres internacionalmente.»
Pitrola describió el escenario financiero que enfrenta el país, afirmando que «Argentina sigue caminando en la cornisa del default».
Por su parte, la diputada Silvana Giudici (La Libertad Avanza) llamó a la reflexión y sostuvo que ningún espacio político puede deslindarse completamente de las responsabilidades históricas en materia de endeudamiento.
«Nadie en este recinto puede tirar la primera piedra. La deuda externa es un problema sin solución que venimos arrastrando desde los años setenta».
Sin embargo, defendió firmemente las condiciones obtenidas en este caso, destacando que el oficialismo logró importantes reducciones sobre las sentencias firmes dictadas por la Justicia de los Estados Unidos:
«Estos dos fondos que nos traen a este Congreso tienen una sentencia dictada por la Justicia de Estados Unidos. A pesar de esa sentencia, este Gobierno logra una quita de un 30% y 32% con cada uno de los holdouts y, además, nos van a devolver acciones clase A, B y C para YPF. Nadie va a poder reabrir este juicio luego del pago y de la devolución de esas acciones».
Hacia el final de su discurso, Giudici disparó contra las gestiones anteriores al afirmar que ellos «vendieron soberanía y nos embargaron la Fragata Libertad».
La defensa del oficialismo: «Seguimos resolviendo los problemas que nos dejaron»
Desde el Poder Ejecutivo, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, defendió la iniciativa desde su cuenta de X y afirmó que el objetivo principal es cancelar las sentencias pendientes derivadas del default de 2001.
El funcionario detalló que los fallos fueron dictados entre 2020 y 2023 y apuntó contra la gestión del gobierno anterior:
«Se trata de fallos dictados entre 2020 y 2023, desatendidos por el peor gobierno de la historia. Esa inacción tuvo consecuencias concretas: un embargo de USD 300 millones y hasta una orden de entrega de acciones de YPF. (…) Como en tantos otros frentes, seguimos resolviendo los problemas que nos dejaron y normalizando la relación de la Argentina con el mundo. ¿O ya se olvidaron de los más de USD 16.000 millones del caso YPF?»
Por su parte, en el recinto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), sostuvo que la aprobación representa una oportunidad para cerrar definitivamente las consecuencias del default:
«Después de 25 años, creo que tenemos la gran posibilidad de empezar a cerrar esta herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito.»
También advirtió que si el Congreso rechazaba la medida el acuerdo conciliatorio caería por completo, reabriendo los litigios, y arremetió contra la oposición llamándolos «los apóstoles del default».
En sintonía, el diputado Santiago Santurio (La Libertad Avanza) cuestionó las recetas económicas tradicionales afirmando que «el control de precios no sirvió para nada, que el cepo fue una política pésima». Santurio criticó la falta de propuestas de la oposición y aseguró que la única salida sostenible es la disciplina fiscal: «La deuda se paga con superávit o rolleándola, y la única manera para lograrlo es no gastar más de lo que ingresa».
Y concluyó recordando las consecuencias de la crisis de 2001 y sobre las inacciones realizadas por gobiernos anteriores:
«Especulan con que a la Argentina le vaya mal. Prefieren prender fuego el país, pero gobernar sobre cenizas. Por eso tampoco dicen cómo manejarían la deuda, dicen renegociar, pero no cómo.«
Súper RIGI: media sanción en Diputados para atraer grandes inversiones
Otro de los platos fuertes de la jornada legislativa fue la aprobación del Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias). El proyecto busca captar capitales de gran escala en sectores no desarrollados —como el tecnológico— mediante amplios beneficios fiscales, cambiarios e impositivos, además de estabilidad jurídica a largo plazo (treinta años).
Frente a las críticas del diputado Sergio Casas (Unión por la Patria) por su declaración de la entrega de recursos naturales a intereses extranjeros, Benegas Lynch retrucó: «El discurso de los recursos naturales es bueno para una publicidad de turismo pero el capital no tiene patria. Sobre la seguridad jurídica, hay que decirle al ciudadano que va a ser beneficiario, ya que las inversiones nos llevan a una avenida de prosperidad».
A su vez, el diputado Eduardo Falcone (MID) respaldó la iniciativa y aseguró que el régimen puede convertirse en una herramienta para mejorar la credibilidad internacional de la Argentina y atraer inversiones de gran escala.
«El SUPER RIGI va a dar estabilidad a los inversores por 30 años, con estabilidad jurídica, cambiaria y positiva. Así que, si nosotros aprobamos este super régimen, que complementa al régimen anterior, será para atraer inversiones de más de 1.000 millones de dólares, lo que mejorará la credibilidad de Argentina.»
Respecto del impacto económico y laboral que podrían generar estas inversiones, Falcone destacó la incorporación de su propuesta para fortalecer a los proveedores locales:
«Quiero hacer hincapié que una de las reformas que yo pedí que fue incorporada hoy es que de ese total de inversión que tiene el proyecto, un 20% como mínimo tiene que ser destinado a proveedores locales. Para el ciudadano de a pie, digamos, la traducción de esto significa que esas inversiones van a generar trabajo local directamente o indirectamente.»»
Hoy se dio un paso más para que la Argentina pueda salir del barro de las deudas en donde se encuentra empantanada desde hace más de veinticinco años, el oficialismo sostiene que el pago permitirá cerrar litigios históricos, reducir riesgos judiciales y mejorar la imagen internacional del país; mientras que sectores de la oposición y de la izquierda cuestionan la legitimidad de la deuda y advierten sobre la continuidad del problema del endeudamiento. En paralelo, el debate sobre el Súper RIGI mostró otra discusión de fondo: cómo atraer inversiones extranjeras y que se traduzcan en crecimiento económico y laboral en Argentina.
