El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, anunció que no reconocerá los resultados de la segunda vuelta si estos favorecen a Keiko Fujimori, en una conferencia de prensa en la que, acompañado de su equipo técnico, advirtió sobre lo que calificó como un «fraude en desarrollo» en el proceso electoral de 2026.
«No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori», afirmó el aspirante, quien dirigió sus cuestionamientos contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y exigió la intervención del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El eje de su denuncia es una resolución jefatural que, según sostuvo, la ONPE emitió a solicitud del Ejecutivo a través de la Cancillería y que habría modificado los estándares del proceso en el balotaje. De acuerdo con el candidato, el 29 de mayo se eliminó la obligatoriedad de digitalizar y escanear las actas de forma inmediata tras el cierre de la votación, exigencia que —remarcó— sí rigió en la primera vuelta. «A solicitud del Ejecutivo, [la ONPE] le bajó los estándares de convicción del voto y la seguridad jurídica al proceso de la segunda vuelta», señaló.
Sánchez vinculó ese cambio normativo con un presunto beneficio a Fuerza Popular y centró sus reparos en el conteo de los votos del exterior, que históricamente favorecen a la lideresa fujimorista. «Creemos que ha habido una manipulación de esa votación», dijo, y comparó la situación con alterar las reglas «cuando ya empezó el partido». El candidato informó que su agrupación presentó un recurso de nulidad sobre los votos de peruanos en el extranjero y adelantó que recurrirá tanto a la legislación nacional como a organismos internacionales.
La ONPE ha señalado que mantiene coordinación permanente con el JNE para agilizar la remisión de resoluciones pendientes y garantizar la transparencia del proceso. El cómputo oficial se encuentra prácticamente concluido: hacia el 22 de junio, con el 99.69 % de actas contabilizadas, Fujimori se ubicaba por delante de Sánchez por algo más de 40.000 votos, una diferencia estrecha que mantiene la atención sobre las actas observadas.
En el mismo pronunciamiento, Sánchez convocó a sindicatos, movimientos sociales y «fuerzas democráticas» a iniciar una «resistencia patriótica», cuya primera acción será una marcha nacional este sábado 27 de junio en Lima, que —según detalló— también demandará la libertad del expresidente Pedro Castillo.
