Hay un momento, en la lectura del plan de gobierno de Juntos por el Perú, en que uno podría preguntarse si el documento fue redactado en 2026 o en 1968, el año en que el dictador Juan Velasco Alvarado tomó el poder y puso al Estado peruano en el centro de la economía. No es un juicio de valor. Es, más bien, una observación sobre la profundidad del giro ideológico que propone este partido de extrema izquierda rumbo a las elecciones generales: un plan que mezcla diagnósticos actualizados con estadísticas oficiales al día con propuestas que, según sus críticos, apuntan a un modelo de Estado que el Perú ya ensayó —con resultados histórica y económicamente tristes.
El documento de 74 páginas, firmado digitalmente el 23 de diciembre de 2025, es uno de los planes programáticos más detallados que cualquier fuerza política ha presentado en el país en años recientes. Cita a la OPS, al Banco Mundial, al INEI, al IPCC. Incluye una tabla exhaustiva de metas medibles con indicadores y plazos concretos. En eso, al menos, se distingue de la vaguedad habitual de la política peruana. Pero también contiene afirmaciones que encenderán el debate en cada sector que toquen: el jurídico, el económico, el de política exterior y el ambiental.
Lo que sigue es un análisis de los puntos más controversiales de ese plan, sin el propósito de defenderlo ni de demolerlo, sino de desmenuzar lo que realmente propone y lo que esas propuestas significarían en la práctica.
I. La Constitución de 1993: ¿un texto ilegítimo o el ancla del modelo?
El ataque más frontal del documento es contra la Constitución vigente. Juntos por el Perú la califica de tener «cuatro vicios sustanciales» que la harían, en el fondo, ilegítima: su origen en el autogolpe de Fujimori en 1992, las dudas sobre la transparencia del referéndum que la aprobó en 1993, las 110 modificaciones que el Congreso actual le ha introducido —equivalentes al 57.5 % del texto original— y, el fetiche de cambio más anhelado por la izquierda, su diseño económico.
El plan sostiene que la Constitución del 93 fue «hecha para maniatar el poder del Estado, desnacionalizar los recursos naturales y facilitar que los inversionistas extranjeros se beneficien de los recursos nacionales de una manera desproporcionada, que no se observa en ninguna Constitución del mundo».
Es una afirmación que merece detenerse. El artículo 66 de la actual Carta sí establece que el Estado es soberano sobre los recursos naturales. Pero el partido señala que esa soberanía es desmentida por los artículos 60 y 62: el primero limita la iniciativa empresarial del Estado a casos de «alto interés público» con ley expresa; el segundo —los llamados contratos-ley— da estabilidad jurídica a los contratos con empresas privadas impidiéndoles ser modificados por ninguna rama del poder. El plan dedica varias páginas a argumentar que el artículo 62 es «la cláusula de entreguismo de la historia peruana y aun en el mundo».
Que el artículo 62 ha generado conflictos jurídicos costosos es un hecho documentado. Entre 2022 y 2023, el Perú perdió arbitrajes internacionales por más de 111 millones de dólares ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Eso no es una opinión izquierdista: es un dato que la propia Cancillería y el Ministerio de Economía han reconocido en distintos contextos.
Lo que Juntos por el Perú propone no es una reforma parcial, sino una Asamblea Constituyente convocada con ese propósito exclusivo. Y aquí comienza la primera gran grieta entre quienes ven esto como una corrección histórica necesaria y quienes lo interpretan como una apertura hacia un refundacionismo sin límites.
El constitucionalista Samuel Abad, en trabajos anteriores, ha diferenciado entre reformas constitucionales que fortalecen derechos y las que simplemente cambian reglas de juego económico para favorecer un modelo político. En el mundo latinoamericano reciente, las asambleas constituyentes han tenido resultados muy distintos: la de Colombia en 1991 produjo una de las cartas de derechos más sólidas de la región; las de Venezuela (1999) y Bolivia (2009) fueron vehículos de consolidación de poder ejecutivo. El partido no responde explícitamente a esa pregunta —¿cuáles serían los límites de la Constituyente?— más allá de decir que seguirá «el camino de reforma que la propia asamblea apruebe».
Esa ambigüedad, deliberada o no, es exactamente lo que alarma a juristas y economistas liberales.
II. La economía: ¿hacia dónde va el modelo?
El plan económico de Juntos por el Perú tiene la virtud de ser honesto sobre su orientación: busca romper con el modelo primario-exportador, diversificar la economía, crear una industria nacional y redistribuir la riqueza. Son objetivos que comparten, con distintos matices, economistas de diversas corrientes. El problema, dicen los críticos, está en cómo.
Algunas cifras del diagnóstico son incontestables. El gasto en Investigación y Desarrollo en el Perú es de apenas 0.08% del PIB, frente a un promedio latinoamericano de 0.75% y un promedio OCDE de 2.38%. El país tiene 0.2 investigadores por cada mil integrantes de la PEA, frente a 1.3 de promedio latinoamericano y 12.7 de los países desarrollados. El 75.7% de la población ocupada trabaja en la informalidad. La Remuneración Mínima Vital es de S/ 1,130 al mes, mientras que la canasta básica de consumo por persona es de S/ 454, lo que implica que familias de tres o más miembros viven en un margen muy estrecho.
Nadie discute el diagnóstico. El debate es sobre el tratamiento.
El plan propone una «economía mixta» donde el Estado recupere la gestión directa de recursos energéticos estratégicos —gas, petróleo, agua, bosques, puertos, espacio aéreo— y prohíba concesiones que «pongan en riesgo la soberanía territorial.» Propone renegociar los 17 tratados de libre comercio vigentes «que afecten la soberanía nacional o atenten contra los intereses y la calidad de vida de las mayorías del país».
Sobre los recursos naturales, la postura es categórica: «Todos los recursos naturales que se extraen del subsuelo pertenecerán al Estado. Por lo tanto, todo aquel particular que lo explote deberá pagar por su extracción».
Esto no es, en sí mismo, una posición extrema —la mayoría de países del mundo imponen regalías y cargas fiscales sobre la minería. Pero la forma en que el plan describe la relación entre el Estado y la inversión privada genera interrogantes sobre el marco legal en que operaría esa inversión. Hay una tensión no resuelta entre el rechazo a los contratos-ley del artículo 62 y la necesidad de atraer capital para explotar esos mismos recursos que el Estado quiere controlar.
El economista Elmer Cuba, consultado en conversaciones públicas sobre programas similares, ha señalado que el riesgo de la renacionalización sin capacidad institucional no es ideológico sino práctico: el Estado peruano no ha demostrado eficiencia en la gestión de empresas públicas desde los años setenta, y reconstruir esa capacidad requiere décadas, no un periodo de gobierno.
El plan responde a ese argumento mencionando los casos de China, Vietnam y Rusia como ejemplos de países que «se hacen gigantes en estos tiempos afirmados en el poder y el liderazgo de sus empresas públicas». Es una comparación que provoca reacciones encontradas: China tiene un sistema de partido único con capacidades de planificación centralizada que no son trasladables a una democracia con el nivel de captura institucional que el propio partido denuncia en el Perú.
Mención aparte merece la propuesta tributaria. El plan promete elevar la presión tributaria del nivel actual —alrededor del 15-16% del PIB— al 25% del PIB. Es decir, casi duplicarla. Para ello propone eliminar exoneraciones tributarias a grandes agroexportadoras —que el documento cifra en más de S/ 20,000 millones acumulados—, crear un impuesto a las «sobre ganancias» y cerrar la evasión fiscal. Son metas que ningún gobierno peruano ha logrado ni parcialmente en tres décadas. El plan no ofrece un cronograma detallado de cómo se lograría ese salto en cinco años.
III. El campo de batalla del agua y la minería informal
Uno de los capítulos más técnicamente sólidos del plan —y al mismo tiempo más polémico— es el dedicado al agua y la pequeña minería.
El diagnóstico sobre el agua es preciso y difícilmente rebatible en sus datos duros. La minería paga por metro cúbico de agua 0.101 dólares y obtiene un precio bruto de 120 dólares. La industria de bebidas paga 0.079 dólares y obtiene 207. La agroexportación paga 0.001 dólares por metro cúbico. La asimetría es real, documentada y ha sido señalada por la propia Autoridad Nacional del Agua en distintos informes.
La propuesta: instaurar un «canon hídrico» donde quien obtiene mayor rentabilidad del agua financie la seguridad hídrica de los más pobres. Y declarar la intangibilidad de cabeceras de cuenca, glaciares y lagunas, revertiendo la definición legal que —según el partido— fue manipulada por presión de la Sociedad Nacional de Minería para reducir el área protegida.
Esta última acusación es conocida en los círculos ambientales peruanos y tiene sustento documental en informes de la Defensoría del Pueblo.
Pero es en la sección sobre pequeña minería donde el plan se aventura en un terreno más complejo. El diagnóstico es acertado en varios puntos: entre 300,000 y 500,000 personas trabajan en minería informal o artesanal; de los 86,000 mineros inscritos en el REINFO, apenas 2,500 han completado el proceso de formalización en 12 años; el 90% de los mineros no son dueños de las concesiones donde operan; hay trabajo infantil, contaminación con mercurio, deforestación.
La solución que propone el plan es radical: transformar las concesiones en propiedad social a través de cooperativas, reducir el plazo de las concesiones de 30 a 5 años, crear parques mineros gestionados en copropiedad entre el Estado y los mineros, y —lo más llamativo— establecer la exclusividad del Estado en la comercialización del oro.
Que el Estado monopolice la compra y venta del oro en una economía donde el 45% del volumen exportado proviene de la minería no formal es una propuesta de ingeniería institucional de enorme complejidad. Requeriría una capacidad logística y de control que el Estado peruano no ha demostrado tener en ningún sector comparable. La pregunta que el plan no responde es: ¿qué impide que esa cadena de comercialización, hoy en manos de mafias, simplemente migre al Estado corrupto que el propio documento denuncia?
IV. Política exterior: el giro más polémico
Si hay un capítulo del plan que está destinado a dominar el debate público, es el dedicado a soberanía e integración internacional. Y no por lo que propone en materia de derechos humanos o cooperación —que son posiciones relativamente convencionales en la izquierda latinoamericana— sino por sus alineaciones geopolíticas explícitas.
El partido propone integrar al Perú a los BRICS —el bloque que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros— «en términos igualitarios». Propone retirar las bases militares del país —aunque no especifica cuáles ni cuántas existen— y rechazar «cualquier forma de intervención extranjera, ya sea militar, cultural y tecnológica». Propone también desarrollar «mecanismos de defensa antiimperialista común» con otros países.
Hasta ahí, la retórica es familiar en la izquierda latinoamericana. Lo que resulta más revelador es la lista de países con los que el partido declara alinearse: «Cuba, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela y México». El Perú, dice el documento, «no es colonia ni patio trasero de nadie».
Poner en la misma frase a Uruguay —una de las democracias más sólidas del continente— y a Nicaragua —donde el presidente Daniel Ortega ha encarcelado a candidatos opositores, obispos y periodistas— revela una tensión interna en el ideario político del partido que el documento no intenta resolver.
Más llamativa aún es la descripción del escenario geopolítico mundial. El plan dedica varias páginas a argumentar que China se ha convertido en «la locomotora económica y científica del mundo» y que el declive del modelo occidental es una «tendencia irreversible». Cita el crecimiento del PIB chino (entre 4 y 10% anual) frente al de Alemania (0.2%) o Francia (1.2%), y describe a los BRICS como una alternativa genuina al orden liberal.
Lo que el plan no menciona es que China logró ese crecimiento con un modelo que incluye vigilancia masiva de ciudadanos, ausencia de prensa libre, persecución de minorías étnicas —documentada por organismos de la ONU en el caso de los uigures— y un sistema político de partido único que el propio Juntos por el Perú contradiría con su propuesta de democracia participativa. La contradicción no es menor: es estructural.
El plan también califica de «neofascistas» a los gobiernos de Argentina, Ecuador, Paraguay y Chile —este último una democracia electoral plena— sin ofrecer una definición del término ni evidencia que justifique la equiparación. En el mismo párrafo, lamenta que Bolivia y Ecuador hayan «sucumbido al criollaje antinacional». Son afirmaciones que dicen más sobre el código político interno del partido que sobre el análisis de esas sociedades.
V. Las cifras que prometen y el silencio sobre cómo pagarlas
El resumen del plan incluye una tabla de metas 2026-2031 que es, en varios aspectos, de una ambición que bordea lo inverosímil si se contrasta con las capacidades fiscales e institucionales del Estado peruano actual.
Algunas de las metas en salud: elevar el gasto público al 8% del PIB (hoy es 3.3%, y la OMS recomienda 6%), reducir la anemia infantil por debajo del 20% (actualmente está en 34% en menores de tres años), instalar el 70% de las Redes Integradas de Salud en todo el territorio nacional. En educación: reducir el analfabetismo a cero, bajar la deserción escolar a menos del 2%, nombrar al 90% de los docentes.
En materia de minería artesanal: que el 70% de los mineros informales estén asociados en cooperativas, que el 60% del oro producido sea comercializado por el Estado. En agricultura: que el 50% de las comunidades tengan empresas comunales, que se implementen 500,000 hectáreas nuevas de irrigación.
Estas metas no son presentadas como aspiraciones de largo plazo sino como resultados esperados al término del primer periodo de gobierno, en 2031. Ningún análisis de capacidad estatal, de gasto público proyectado ni de viabilidad fiscal acompaña las cifras. El plan promete destinar el 8% del PIB a salud, el 6% a educación, el 1% a protección infantil y elevar la presión tributaria al 25%, todo simultáneamente. Las matemáticas de ese conjunto de compromisos no se muestran.
El economista Carlos Oliva, ex ministro de Economía, ha señalado en diferentes foros que los planes de gobierno peruanos tienen históricamente ese problema: son documentos de deseos más que de políticas con sustento fiscal. El de Juntos por el Perú es más detallado que la mayoría, pero comparte esa limitación de fondo.
VI. Los derechos que incluye y los que evita
El plan tiene capítulos genuinamente progresistas que recogen demandas históricas de movimientos sociales. Propone implementar una Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional para abordar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000 —que dejaron 69,280 personas asesinadas o desaparecidas según la CVR— y también para investigar la represión estatal en las protestas de 2022-2023, que dejaron al menos 50 muertos según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Propone garantizar el derecho a la protesta como principio constitucional, derogar seis leyes aprobadas desde 2023 que, según el partido, favorecen la impunidad del crimen organizado y limitan el control judicial sobre la policía, y crear representación para pueblos originarios en el Parlamento.
Son propuestas que tienen respaldo en organismos de derechos humanos y que responden a demandas documentadas.
Pero el plan también tiene silencios significativos. La palabra «aborto» no aparece en ninguna de sus 74 páginas. Tampoco hay una postura clara sobre matrimonio igualitario, más allá de una mención genérica a la no discriminación «por sexo». El partido, que se presenta como eco-humanista y plurinacional, evita tomar posición en los debates de derechos sexuales y reproductivos que dividen a la izquierda latinoamericana entre sus corrientes progresistas y sus bases comunitarias más tradicionales. No es un olvido: es una decisión estratégica que le permite mantener coaliciones diversas pero que habla de los límites internos del proyecto.
VII. Los números de salud que sí merecen atención urgente
Hay un aspecto del plan que trasciende el debate ideológico y que debería ser punto de convergencia entre posiciones políticas opuestas: el estado catastrófico del sistema de salud peruano.
El plan cita datos del Ministerio de Salud que son escalofriantes. El 95.89% de los establecimientos del primer nivel de atención tiene «capacidad instalada inadecuada». El 88.76% de los hospitales administrados por el MINSA también. En regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Tacna, Tumbes y Ucayali, la totalidad de sus hospitales están en esa condición. Nueve de cada diez hospitales peruanos tienen infraestructura deteriorada.
La densidad de médicos es de 17.9 por cada 10,000 habitantes, menos de la mitad de los 43 que recomienda la OMS. En Piura es de 9.1 y en Loreto de 9.2. El gasto de bolsillo en salud sigue siendo uno de los más altos de América Latina, superando a Chile, Colombia y Costa Rica.
Perú tuvo la mayor tasa de mortalidad acumulada por COVID-19 del mundo: 6,476 muertes por millón de habitantes. Esa cifra condensa todo lo que el sistema no hizo durante décadas.
Que el plan proponga llevar el gasto en salud al 8% del PIB puede ser debatible en términos de viabilidad fiscal. Que haya una crisis estructural en el sector que requiere intervención urgente no lo es.
VIII. La pregunta que el plan no responde
Al terminar la lectura del documento, queda una pregunta sin resolver: ¿quién implementa todo esto?
El plan denuncia con detalle —y con razón— que el Estado peruano está capturado por el crimen organizado, que la Policía Nacional está infiltrada por redes criminales, que el Poder Judicial es desconfiado por el 80% de la población, que la corrupción costó al Estado S/ 24,300 millones solo en 2024. Y sobre esa misma estructura estatal fallida propone construir, en cinco años, redes integradas de salud en todo el territorio, monopolizar la comercialización del oro, gestionar cooperativas mineras en 21 regiones, implementar planes de cuenca en todas las regiones y desarrollar una industria nacional con parques tecnológicos descentralizados.
No hay una sección del plan dedicada a cómo se reforma el propio aparato estatal que tendría que ejecutar todo lo demás. La lucha anticorrupción se menciona —se propone la imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública, veedurías ciudadanas, la separación efectiva de poderes— pero no se explica el mecanismo de transición entre el Estado que existe hoy y el que se necesitaría para ejecutar las transformaciones prometidas.
Es la paradoja estructural de los proyectos refundacionales en democracias con instituciones débiles: el instrumento de cambio es el mismo Estado que se diagnostica como el problema.
Epílogo: el debate que merece el Perú
Juntos por el Perú presenta un plan que, con independencia de su orientación ideológica, tiene el mérito de tomarse en serio los problemas reales del país: la informalidad del 75%, la infraestructura hospitalaria colapsada, el abandono de la agricultura familiar, la contaminación por minería ilegal, la concentración de la tierra en pocas manos, la impunidad histórica.
También tiene el mérito —o el riesgo, según la perspectiva— de ser honesto sobre su orientación: es un proyecto de izquierda que no se disfraza de centrismo, que dice explícitamente que quiere romper con el modelo neoliberal, que cita a Mariátegui, que reivindica a Túpac Amaru y a Micaela Bastidas, y que propone cambios estructurales profundos.
Lo que el plan no ofrece, o lo que ofrece de manera insuficiente, es la respuesta a tres preguntas básicas que cualquier proyecto de gobierno responsable debería responder: ¿Cómo se financia? ¿Quién lo ejecuta? ¿Cómo se garantiza que la concentración de poder en el Estado no reproduce las mismas dinámicas de captura y corrupción que hoy denuncia?
Esas preguntas no son exclusivas de la derecha. Son las preguntas que la izquierda seria, en cualquier parte del mundo, también se hace.
El Perú entra a una campaña electoral en la que estas ideas estarán sobre la mesa. El debate que merecen es uno que vaya más allá de los eslóganes y los insultos mutuos. Este plan, con sus virtudes y sus contradicciones, al menos ofrece material suficiente para comenzarlo.
Este artículo se basa en el análisis del Plan de Gobierno 2026-2031 de Juntos por el Perú, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones el 23 de diciembre de 2025, y en información pública de organismos nacionales e internacionales citados en el propio documento.