Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), se ha movilizado durante su campaña en vehículos registrados a nombre de personas vinculadas a delitos graves, incluido el transporte de droga y la pertenencia a una presunta organización criminal. Así lo develó la Unidad de Investigación de El Comercio.
El hallazgo más reciente tuvo lugar el 28 de mayo pasado en Huánuco, donde Sánchez fue captado junto a sus dos vicepresidentes, Analí Márquez y Brígida Curo, a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, de placa BSJ-701. La pesquisa periodística determinó que ese vehículo está registrado a nombre de Miller Kelvin Claudio Martel, quien en 2010 fue detenido por la Policía Nacional en el kilómetro 175 de la Carretera Central, a las 3:20 de la mañana, con 14 kilogramos de pasta básica de cocaína camuflados en cajas de cancha dulce y bolsas escondidas entre frazadas. En su declaración ante las autoridades, el propio implicado admitió que recibió un pago para transportar la carga ilícita desde Pucallpa hasta Lima.
Consultado por El Comercio, Claudio Martel reconoció el antecedente: «Hace 15 años tuve un percance», afirmó. Señaló además que actúa como chofer de la caravana por encargo de un tío al que identificó solo como «Marco», sin precisar quién financia los gastos logísticos de la campaña.
Un patrón que se repite
El caso de Huánuco no es aislado. La misma Unidad de Investigación documentó que el 25 de enero, en Piura, el candidato utilizó otra Toyota Hilux —placa P4R-757— registrada a nombre de la empresa Inmobiliaria y Constructora El Ángel S. A. C., cuyo titular es José Práxedes Feria Madrid. El Ministerio Público lo identifica como presunto líder de una organización criminal piurana dedicada al tráfico de tierras y la falsificación documentaria.
Feria, quien también postuló al Senado por Juntos por el Perú, carga con una sentencia firme por delito doloso y enfrenta un proceso judicial en Cajamarca por colusión agravada y asociación ilícita, tras ser vinculado al direccionamiento de obras millonarias de hospitales en el caso de Gregorio Santos. Según el Ministerio Público, actualmente apela una condena por estafa, asociación ilícita y falsedad ideológica.
Aportes sin declarar
El uso de estos vehículos constituye, legalmente, un aporte en especie a la campaña. Sin embargo, ninguno de los casos identificados figura en los reportes de primera vuelta que Juntos por el Perú presentó ante la ONPE. Tampoco aparecen registrados como gastos de alquiler: la única referencia vinculada al transporte en los reportes oficiales corresponde a un servicio de S/ 3.000 a nombre de un tercero que no coincide con ninguna de las placas documentadas.
La Unidad de Investigación de El Comercio logró identificar la participación de al menos siete empresas y diez propietarios de vehículos que habrían trasladado al candidato en distintas regiones del país. El partido y su vocero, Ernesto Zunini, no respondieron a las solicitudes de descargo enviadas antes del cierre de esta edición.
