La Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable este miércoles para aprobar los acuerdos de conciliación entre la República Argentina y los holdouts. Argentina podrá pagar 171 millones de dólares que se vienen arrastrando desde la crisis de 2001; 67 millones de dólares se destinarán a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares a Attestor Value Master Fund LP.
El encuentro contó con la presencia del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija. La iniciativa apunta a cerrar definitivamente los últimos litigios derivados del default de 2001 que cuentan con sentencia firme en los tribunales de Nueva York. Con esto, se busca evitar nuevos embargos sobre activos estratégicos como YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Tras obtener el dictamen de mayoría, el proyecto queda listo para ser debatido y votado en el recinto el próximo 24 de junio.
El Gobierno alertó que el acuerdo podría caerse si no se aprueba antes del vencimiento
Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), advirtió sobre la urgencia del tratamiento parlamentario y explicó que el plazo vence en las próximas semanas.
«Si no se aprueba el acuerdo conciliatorio podría caerse».
Según explicó el legislador, la falta de aprobación podría reactivar acciones judiciales y embargos sobre activos estratégicos argentinos como YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En ese contexto, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, explicó el origen de los litigios y sostuvo:
«Estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas».
Stampalija defendió el acuerdo y aseguró que permitirá cerrar los últimos holdouts
Durante su exposición, el secretario remarcó que la negociación permitió obtener reducciones significativas sobre las sentencias firmes y evitar nuevos intentos de embargo y respondió a los cuestionamientos de diputados de Unión por la Patria, sobre la composición de los bonos y las fuentes de financiamiento para pagar la deuda:
«Nuestra responsabilidad como funcionarios era recibir esos bonos, pero había otros bonos prescriptos que no estaban alcanzados por la condena y que no pueden ser reclamados. Sobre esos bonos, Attestor nos comentó que no los tenía. No tenemos nada que ocultar con este tema. Estamos pagando esta sentencia y los bonos por los que la Argentina fue condenada van a ser entregados».
Respecto de la financiación del acuerdo, aclaró:
«Con respecto a las fuentes presupuestarias, el pago se realizará bajo la normativa de deuda pública».
Finalmente, explicó cuál será el efecto jurídico de la aprobación legislativa:
«Nos presentamos ante los tribunales de Nueva York, se produce el acuerdo y queda completamente cerrado este capítulo respecto de estos acreedores. Estos son los únicos holdouts con sentencia firme y cerraríamos esto de una vez y para siempre».
La oposición cuestionó la transparencia del acuerdo y la fuente de financiamiento
El bloque de Unión por la Patria cuestionó los términos del acuerdo, la información suministrada por el Poder Ejecutivo y el origen de los fondos para afrontar el pago. Entre los principales oradores de la oposición estuvieron Vanesa Siley, Germán Martínez, Julia Strada y Victoria Tolosa Paz.
La diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que el envío del proyecto responde a exigencias de los acreedores:
«Es una exigencia de los fondos buitres para no tener obviamente algún tipo de judicialización hacia adelante y quiere que el Congreso valide el pago rapidito».
«Ni siquiera viene aquí a explicar cómo vamos a desembolsar ese monto de dinero, bajo qué condiciones, de qué manera».
Tolosa Paz también criticó la documentación presentada: «Falta información, falta transparencia y hay anexos que se cambiaron. Estamos hablando de millones de dólares»..
Cruces políticos por la herencia económica
Por otro lado, desde el sector dialoguista, la diputada Silvana Giudici (PRO), fundamentó que “esta política económica nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y en las puertas de una hiperinflación», y que el dictamen de este proyecto «significa para la Argentina el cierre de este histórico conflicto con los holdouts, agravado por las cuatro administraciones kirchneristas».
En respuesta, el diputado, Carlos Castagneto (Unión por la Patria) le contestó a diputada propinante enfatizando que “se hizo un relato equivocado de la situación, porque esto es de 2001, el kirchnerismo no estaba en 2001″ y agregó que “en el 2016, Macri le pagó a los fondos buitre y dijo que íbamos a entrar al mundo y entramos al Fondo Monetario» y concluyó:
“ Vamos a decir las cosas cómo son, sino acá cualquier dice cualquier cosa».
Amerio ratificó: “Estamos pagando la sentencia” y confirmó una quita del 35%
El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, respondió a las consultas sobre la modalidad de pago y descartó la existencia de intermediarios financieros.
«Estamos pagando la sentencia y el monto de la condena. No hay intermediario, no hay banco involucrado. Y sobre el pago de intereses, no se imputan porque con estos pagos se termina el juicio. Es un pago total para cancelar todo el litigio.»
Además, el funcionario destacó el ahorro patrimonial para el Estado argentino:
«Se tenían que pagar 160 millones y se pasó a 104 millones; son 54 millones menos. Es decir, nos hicieron una quita de aproximadamente el 35%.»
El oficialismo celebra «el fin de una etapa triste»
El diputado y economista Adrián Ravier (La Libertad Avanza) defendió el dictamen y sostuvo que el acuerdo genera un ahorro patrimonial significativo para el Estado argentino, ya que contempla una quita superior al 30% sobre los montos reclamados. Además, destacó que la negociación permitió resguardar activos estratégicos como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, que podían quedar expuestos a eventuales embargos.
El legislador también consideró que la iniciativa representa un paso clave para liberarnos de la normalización de la deuda externa, al cerrar litigios que permanecían abiertos desde hace un cuarto de siglo. En ese marco, vinculó el origen de estos compromisos con una prolongada etapa de crisis económica caracterizada por el default, un aumento del 50% de la pobreza y una caída de 10 puntos del PBI, durante las cuatros gestiones kirchneristas.
Consultado por Diario El Gobierno sobre cómo impactará el pago a los holdouts sobre la deuda pública y la economía argentina, Ravier sostuvo:
«Estamos cerrando un ciclo muy grave de nuestra historia en la cual no cumplíamos con nuestros compromisos de deuda. La Argentina de Javier Milei es una Argentina distinta, en la que se pagan los compromisos, en la que nos hacemos cargo de nuestras deudas. El dictamen de mayoría que se aprobó hoy y que en pocos días seguramente vamos a aprobar en Diputados nos abre posibilidades de volver al mundo «.
Y concluyó:
«Luego de pagar la deuda, Argentina seguramente pueda recibir inversión extranjera directa, pudiendo abrir un financiamiento externo tanto para refinanciar la deuda que heredamos de gobiernos anteriores como para el sector privado. Podremos tomar deuda en el exterior a tasas más bajas, lo que abre más posibilidades de inversión, más trabajo y mejores salarios para todos los argentinos».
Después de más de 25 años de litigios derivados del default de 2001, el Congreso está un paso de aprobar los acuerdos que permitirían cerrar los últimos juicios con sentencia firme contra la Argentina. Para el Gobierno, se trata de una señal de cumplimiento institucional y de previsibilidad financiera. Para la oposición, persisten dudas sobre la transparencia y las condiciones del acuerdo.
